Este miércoles avanzó en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino el dictamen por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la Ciudad de México –el cual todavía deberá ser aprobado por el Pleno- y con el que se inicia un reajuste a los plazos para la transición de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General.
Como lo informó el pasado domingo El Sol de México mediante una entrevista con Karla Sosa, una de las integrantes de la Comisión Técnica para la Transición, se requerirá de un año para concretar la transformación, misma que deberá estar lista el 5 de diciembre de 2019, según explicó el diputado Eduardo Santillán.
La Ley de la Fiscalía General entrará en vigor el 1 de enero y establece las facultades y compromisos de la Comisión Técnica, órgano que conducirá la transición, no obstante mientras no entre en operación la Fiscalía General de Justicia, seguirá en vigor la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Debido a que la Constitución capitalina mandata que en abril a más tardar haya un fiscal designado y que la Fiscalía entre en operación en mayo, el diputado Eduardo Santillán adelantó que se presentará una reforma constitucional para cambiar los plazos y acoplarlos también para el 5 de diciembre de 2019.
Asimismo sobre el nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano –cuya encomienda será proponer a la jefa de Gobierno la terna para Fiscal General- debe estar nombrado antes del 31 de diciembre, pero a causa de los tiempos tan justos, también se modificará la Constitución para que este órgano quede nombrado unos tres meses antes del 5 de diciembre de 2019.
“La meta que tenemos en términos generales es que hacia el 5 de diciembre del 2019 tengamos Ley Orgánica (de la Fiscalía), nueva Fiscalía (General de Justicia) y titular”, apuntó Santillán Pérez. De esta manera se postergará por siete meses el proceso, mismo que fue criticado por diputados, expertos y la propia Claudia Sheinbaum por lo apretado de los tiempos.
“No queremos legislar al vapor, no queremos arreglar leyes y nada más cambiarles el nombre, simplemente por cumplir el mandato, fue el error que se cometió en la séptima legislatura que para cumplir con los plazos constitucionales hicieron una serie de ajustes sobre las rodillas y nos dejaron un marco normativo poco aplicable”, subrayó.
En ese sentido admitió que se deberá modificar la Constitución para ampliar los plazos que se establecen para la creación de diversas leyes constitucionales: “hay unas que pueden implementarse de forma inmediata, otras en tres, otras en seis meses y otras en un año, pero precisamente es el ejercicio que se está haciendo para tener medidos los tiempos”.
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