La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibe, en promedio, seis denuncias al día por delitos cometidos contra mujeres dentro y fuera de las estaciones del Metro.

Entre enero y abril de este año, la Fiscalía capitalina abrió 741 carpetas de investigación, en las que ciudadanas denunciaron ser víctimas de violencia familiar, robo, abuso sexual, fraude, acoso sexual, entre otros delitos.

Paula Chávez y Ernesto Morua, estudiantes del seminario de Economía, Pobreza y Desarrollo de la FES Zaragoza de la UNAM, identificaron la incidencia de 77 delitos, a través de los datos abiertos de la Fiscalía.

Lo anterior con el objetivo de evidenciar faltas en seguridad y movilidad para las usuarias en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), así como en las calles que las rodean.

“El análisis de la delincuencia en las estaciones y en la proximidad del Metro es vital para entender cómo los espacios públicos afectan la seguridad de los ciudadanos, particularmente de las mujeres”, explicó Chávez.

El delito que se posiciona en primer lugar, refirieron, es el de violencia familiar, con 95 víctimas, seguido del robo sin violencia a pasajero a bordo del Metro, con 82 carpetas; abuso sexual, con 64; amenazas, con 58, y fraude, con 57.

A ellos se suman robo a transeúnte en vía pública con violencia, con 29 casos, y sin violencia, con 28, además de robo de objetos, con 22; usurpación de identidad, con 21; robo dentro de tiendas de conveniencia cercanas al Metro, con 19; lesiones intencionales por golpes, con 17, y acoso sexual, con 14.

En el resto del listado, que contiene menos de 10 víctimas, se encuentran delitos contra la intimidad sexual, violación, violación equiparada, homicidio por arma de fuego y privación de la libertad.

Para los investigadores, el hecho de que la violencia familiar esté en primer lugar es reflejo de cómo inicia y se desarrolla la violencia en contra de las mujeres, y que traspasa el ámbito privado, al quedar expuesto en espacios públicos y de movilidad.

“Se analizaron los delitos en un radio de 200 metros, incluye el Metro desde la puerta adentro de la estación y los alrededores. Una de las de las hipótesis es qué esta violencia existe alrededor de las viviendas del Metro”, enfatizó Morua, quien también es especialista en el área de movilidad y políticas públicas.

Según los datos abiertos de la Fiscalía, Chávez y Moura pudieron realizar la geolocalización de las estaciones con mayor incidencia delictiva para las usuarias. En primer lugar está Pino Suárez (Línea 2), con 26 delitos; Hidalgo (Línea 2 y 3), con 23; Buenavista y Tacubaya, con 19 cada una; Merced y Guerrero, con 18 delitos cada una; Chabacano con 17, y Salto del Agua, Pantitlán y San Juan de Letrán, con 16 delitos cada una.

“Estas estaciones están principalmente en las zonas céntricas de la ciudad y por lo mismo a los alrededores hay más vendedores ambulantes, entonces llegamos como conclusión que esa podría ser una de las razones por las cuales en estas estaciones hay más incidencia de delitos”, puntualizó Morua.

De acuerdo con el análisis, sólo tres estaciones no registraron algún delito: Vallejo y Refinería, de la Línea 6, y Terminal Aérea de la Línea 5.

La incidencia y delitos, precisaron los investigadores, únicamente pudieron mapearse en estaciones del Metro ubicadas en la Ciudad de México, ya que las de las Líneas A y B, que recorren una parte del Estado de México, carecen de información pública.

“No están los datos georeferenciados abiertos del Estado de México, es un llamado al gobierno, pues somos una una Metrópoli y no tenemos la información completa de qué está pasando con las mujeres del Estado de México que usan el Metro”, indicó Morua.

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Otro de los aspectos a destacar, refirieron, es la incidencia delictiva por horarios, pues se detectó que de 5:00 a 11:00 horas se registraron 246 delitos, lo que representa el 33 por ciento de las carpetas de investigación.

“La distribución horaria de los delitos proporciona información crítica sobre cuándo las mujeres son más vulnerables. Las mujeres somos un grupo vulnerable. y este proyecto es para analizar qué políticas públicas se han estado implementando y qué hace falta, empezando por la iluminación, cámaras de seguridad, botones de pánico”, señaló Chávez.