La investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) no encontró evidencias para confirmar las denuncias de abusos en contra de menores de edad cometidas en el Centro de Atención e Integración Social (CAIS) San Bernabé, dio a conocer ayer su presidenta Nashieli Ramírez.

En un mensaje, sin embargo, planteó una serie de recomendaciones para mejorar la estancia de niñas, niños y adolescentes en esos albergues; y pidió al congreso local modificar las leyes para que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes capitalina supervise esos lugares y que rinda cuentas periódicamente.

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Durante un mensaje a medios, la titular del organismo se manifestó a favor de que el uso del acogimiento residencial para ese grupo poblacional sea una medida excepcional y temporal; por lo que, recomendó fortalecer las medidas alternativas para lograr lo anterior, como la familia de acogida, la familia extensa o ampliada y la familia ajena.

La indagatoria estuvo a cargo principalmente de un equipo interdisciplinario de la IV Visitaduría General, cuya titular, Ruth.

Centeno López, se refirió a las denuncias presentadas por el personal de ese CAIS, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, como eran el que los menores de edad no contaban con agua caliente, se les proporcionaba ropa en mal estado, se les daban medicamentos controlados sin supervisión médica, que algunos de los usuarios eran amarrados y se les fotografiaba constantemente; precisó que las quejas de acoso laboral fueron turnadas a la V Visitaduría.

El reporte se basó en interrogatorios a los empleados peticionarios, al igual que 10 niños, niñas y adolescentes de entre dos y 16 años de edad, se revisaron certificaciones médicas de su estado físico, expedientes clínicos y jurídicos, fotografías y se solicitó información a las autoridades e inspecciones al inmueble.

La directora de Atención Psicosocial, Marina Giacomo, presentó los resultados, por ejemplo, afirmó que las instalaciones del CAIS San Bernabé están en buenas condiciones de aseo, hay lechos suficientes y aseados, y se proporciona alimentos, vestido, habitación, educación, salud y actividades de esparcimiento.

Además, el personal de la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de la CDHCM no identificó irregularidades en los expedientes médicos de los menores de edad; se considera que el centro es adecuado para su desarrollo integral, pero refirieron algunas situaciones de maltrato entre ellos.

Al hablar del incidente registrado a las 8:00 horas del 29 de octubre del año pasado, cuando un niño de nueve años presentó una crisis intensa en la que intentó lesionarse con unas tijeras, por lo que personal del área de enfermería lo inmovilizó con el uso de sábanas de la cama del área de cuidados continuos.

Al respecto, refirió que restricción física es una práctica necesaria y justificada para proteger a la persona o a otros del daño, y en el ámbito psiquiátrico se le toma como último recurso, pero mencionó que aún se debate estos métodos de contención y la necesidad de enfrentarlas con alternativas.

Se revisó a ocho niñas y niños, sin que se encontraran huellas de lesiones y en general tienen buen estado físico de salud.

Tras el reporte, la presidenta de la CDHCM concluyó que no existe evidencia de violaciones al derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida sin violencia, pero emitió una serie de observaciones como la elaboración de protocolos de atención a la población usuaria de los CAIS; la protección de datos personales, no difundir imágenes, a fin de garantizar su derecho a la privacidad; capacitar al personal para la instrumentación de estrategias que vaya más allá de premios y castigos; y estén adiestrados en la prevención de estados de crisis.

Señaló que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local vigente omite adjudicar la facultad de supervisión de esos albergues a la procuraduría encargada de ese sector poblacional, lo cual genera un vacío en las medidas legales de protección y de seguimiento.

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Ante esto llamó a los diputados locales a corregir esta omisión, armonizar el marco legal de la capital y que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes asuma la verificación de los CAIS inmediatamente, luego de que se haga esa reforma.

“Un buen albergue es aquel que busca en todo momento restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en el menor tiempo posible y para eso se requiere que se den opciones que hagan realidad su derecho a vivir una vida en familia. Esto es, que cuando se trata de niñas, niños y adolescentes el acogimiento residencial o institucional debe ser considerada como una medida excepcional y temporal”, concluyó.