El gobierno capitalino aún no tiene sobre la mesa el proyecto que presentaron los empresarios al Presidente para construir un segundo piso en Insurgentes Norte que llegue a Indios Verdes El Sol de México publicó este lunes que la propuesta es uno de los 61 proyectos incluidos en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el Sector Privado, que hoy presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El plan es retomar la construcción del segundo piso de Indios Verdes a la caseta de la México-Pachuca, un proyecto licitado durante la administración pasada, pero que fue suspendido en 2016 por la Secretaría de Medio Ambiente federal.
El inicio de la construcción está previsto para 2020, pues sólo hace falta la liberación de derechos de vía en el entronque Indios Verdes, así como la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, indica el documento al cual tuvo acceso este diario.
Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, dijo que aún no tienen dicho plan que, según el documento consultado por este diario requerirá una inversión de cuatro mil 400 millones de pesos para los nueve kilómetros que comprende el proyecto carretero.
Entrevistada en el Seminario Desafíos de las ciudades para la sustentabilidad, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Robles dijo que hay varias opciones que estudia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la zona para conectar a la capital con el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México.
Agregó que funcionarios de la Secretaría de Movilidad posiblemente hayan tenido algunas reuniones para hacer esos análisis, que son de competencia federal.
“Si es el que yo sé, es un proyecto a nivel federal y es en las fronteras de la ciudad, no dentro”, explicó la funcionaria.
La operadora de carreteras Pinfra, del empresario David Peñaloza, obtuvo en la administración anterior la concesión para el desarrollo del Viaducto elevado La Raza- Indios Verdes-Santa Clara, bajo un esquema de asociación público privada que se pagaría con las cuotas que se cobrarían a los automovilistas por usar la vialidad elevada. La obra espera una nueva resolución sobre el manifiesto de impacto ambiental y estudios de movilidad.