El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la designación de Rafael Chong Flores como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, para el periodo 2020-2024.
En votación nominal del Pleno, el dictamen se aprobó con 46 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.
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El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado de Morena, Eduardo Santillán Pérez, presentó el dictamen y recordó que en la sesión anterior, esta propuesta sólo obtuvo 42 de los 44 votos requeridos para acordar el nombramiento, por lo que el dictamen se remitió nuevamente a la Comisión para una nueva elaboración.
Santillán Pérez aseguró que Rafael Chong cumple con los requisitos, así como con la experiencia profesional y la trayectoria administrativa suficiente para ocupar este cargo.
Al razonar su voto, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) expuso que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no explicó las razones con las que sube y baja dictámenes para su discusión en el Pleno, “sin argumentar el motivo”, y que el dictamen para la designación del Fiscal Anticorrupción no se sometió a la “exhaustiva revisión” que indicó en su presentación el diputado Santillán.
NOMBRAN TITULAR DE PLANEACIÓN
También se aprobó por mayoría calificada al titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Pablo Tomás Benlliure Bilbao, quien rindió la protesta de ley y se mantendrá en el cargo por los próximos cinco años.
La diputada Gabriela Salido Magos (PAN), criticó el proceso de selección del titular del Instituto de Planeación, pues consideró tuvo vicios y errores en los procedimientos a través de los que el Congreso local creó la ley en la materia del Instituto y la designación de su primer titular.
El Instituto de Planeación que dirigirá Benlliure será el encargado de sentar las bases para establecer políticas transexenales: elaborará el Plan General de Desarrollo que tendrá una vigencia de 20 años y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que regulará el desarrollo urbano de la ciudad con una vigencia de 15 años.