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Diez años de vida como habitante del edificio Trevi terminaron este martes en la calle. Carlos Acuña, inquilino de este inmueble ubicado en Colón 1 y Doctor Mora, en el lado poniente de la Alameda Central, fue desalojado cerca del mediodía.
Al momento en el que sus pertenencias eran abandonadas en la calle, Carlos debía estar ratificando una queja que interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya que se han registrado irregularidades en su caso.
De acuerdo con Carlos, periodista de profesión, hay dos juicios de amparo en proceso ya que Banca Mifel y la empresa Público Coworking, no han respetado el derecho al tanto de los vecinos, es decir, que se les permita comprar los departamentos que han habitado por años.
“Acaban de hacer un desalojo en mi contra completamente irregular, violando debidos procesos, sin respetar los amparos que hay de por medio, sin respetar la queja en Derechos Humanos que estaba en trámite y que a esta hora tendría que estar ratificando”, dijo en un video.
Desde el pasado 15 de julio Carlos Acuña y otros vecinos del edificio Trevi denunciaron que los dueños del inmueble vendieron éste a Inmobiliaria Interactiva sin dar la oportunidad de que sus ocupantes pudieran comprarlo, por lo que al menos 13 vecinos iniciaron su defensa legal.
La compra del inmueble se dio a través de un Fideicomiso de Banca Mifel identificado con el número 2476/2017 y dentro del cual hay otro fideicomiso como beneficiario, el 2475/2017. “Los fideicomisos son estructuras jurídicas que impiden saber qué personas o empresas” están detrás de las operaciones, acusaron entonces los vecinos.
De acuerdo con los afectados la empresa Público Coworking pretende convertir este edificio con valor artístico, que alberga el Café Trevi fundado hace 50 años, en oficinas compartidas y en un hotel boutique lo cual, acusan, viola su derecho a la vivienda.
Este martes, consumado el desalojo, Carlos Acuña señaló que el motivo para que lo echaran fue que alzó la voz en defensa propia y de los vecinos que son afectados, pues en varios casos la inmobiliaria ya negoció con los inquilinos y en otros los ha presionado para que desocupen el departamento.
“Había un proceso de negociación que nunca se respetó. Están haciendo esto contra mí porque soy el que está haciendo más de ruido y no es casual que todo el aparato de irregularidades se haya dirigido contra mí en específico”, acusó desde sus redes sociales.
En junio pasado El Sol de México informó que en el primer semestre del año sumaban unos 500 desalojos consumados y se estima que al año hay en promedio tres mil 200 desalojos. Aunque no todos tienen el mismo trasfondo, pero en muchos casos destaca la expulsión de inquilinos por parte de inmobiliarias.
El presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, Fernando Aboitiz, ha señalado que esto “tiene que ver con una perversidad legal. Ha habido gente muy habilidosa, por no decir que con influencias, que ubica predios que están intestados, donde no hay movimiento, no hay dueños y hacen una prescripción”, es decir, promueven un desalojo.
Grupos vecinales han alertado que hay casos en los que se expulsa a los inquilinos con falsas órdenes de desalojo, usando grupos violentos, grupos de abogados, coyotes de oficinas de gobierno y, en el fondo de todo esto, están los intereses de inmobiliarias.
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