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A pocos días de terminar la actual legislatura, los diputados de la Ciudad de México aprobaron que la ley 3 de 3 entre en vigor hasta 2030 y no este año.
Hace nueve meses los legisladores capitalinos ratificaron que ningún violentador, deudor alimentario o acosador sexual ocupe un cargo público de elección popular o que sea funcionario en los tres órdenes de gobierno. Así en noviembre de 2023 se agregó el numeral 11 al artículo 10, apartado C, de la Constitución de la Ciudad de México. Esto dice textualmente:
“Ninguna persona que se encuentre en los siguientes supuestos podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidata a cargos de elección popular:
“a) Cuente con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual;
“b) Cuente con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o
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“c) Se encuentre inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente”.
Según lo previsto en la Constitución local, la ley 3 de 3 debía entrar en vigor el 31 de agosto de 2024, sin embargo la semana pasada el diputado y alcalde electo de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, propuso modificar el plazo.
“El día 23 de agosto de 2024, el Diputado Fernando Mercado Guaida hizo llegar la propuesta bajo el argumento de que dicha propuesta permitirá garantizar los derechos establecidos en el mencionado artículo (...) se requiere de una planeación y presupuestación eficiente, en la que haya congruencia y sostenibilidad de las finanzas públicas; de ahí que resultan necesarias tanto medidas administrativas (planeación y presupuestación) y medidas legislativas (atender la reforma que se propone), considerando siempre hasta el máximo de los recursos de que disponga la Ciudad de México, sin dejar de lado que se debe lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de todas las personas reconocidos por la Constitución”, justifica el dictamen.
De acuerdo con este documento, la intención de Mercado es “garantizar los derechos de las personas trabajadoras en las instituciones públicas de la Ciudad de México, debe hacerse en congruencia y sostenibilidad de las finanzas públicas, para también, garantizar todos los demás derechos de las personas que habitan y transitan en la capital del país”.
El aplazamiento hasta 2030 permite que aquellas personas sentenciadas por violencia familiar, acoso sexual o que sean deudores alimentarios puedan trabajar durante la administración de Clara Brugada, pues su mandato termina justo ese año, o que puedan trabajar como alcaldes e incluso competir por la reelección.
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La diputada local del PRD Polimnia Romana Sierra Bárcena denunció esta trampa que escondieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública “porque protege a deudores alimentarios que laboran en el Gobierno local”.
“¿Cuál es la agenda oculta para proponer que todo lo que tenga que ver con relaciones laborales se difiera hasta el año 2030? ¿A quién intentan proteger para que a pesar de haber sido sentenciado por violencia de género o por ser deudor alimentario, pueda ocupar un cargo en el gobierno? Esta no es una decisión que deba ser apoyar por línea partidaria o gubernamental, debemos mantenernos unidas en sororidad ante esta decisión que pretenden imponernos”, exigió la diputada.
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