La aprobación de la Ley del Derecho al Bienestar y la Igualdad Social superó los últimos escollos en el pleno del Congreso de la Ciudad de México para quedar finalmente aprobada por 39 votos a favor y 9 en contra, en lo general y en lo particular.
La objeción principal de la oposición estaba en el artículo 58, que, en el dictamen original de la iniciativa enviada por el jefe de gobierno local, Martí Batres, planteaba en su segundo párrafo que “en ningún caso las alcaldías podrán establecer programas y políticas sociales que repliquen las establecidas por el Gobierno Central”.
“Los legisladores de Morena dieron un fuerte golpe a la ciudadanía, en el que solo esperaron a que pasara el proceso electoral para arrebatarles los beneficios que venían recibiendo”, Ricardo Rubio, diputado panista.
El cambió que allanó el camino a la aprobación fue el siguiente: los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse a la normatividad que para estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad.
A pesar de lo anterior, el panista Ricardo Rubio reveló que la verdadera restricción estaba en el artículo 60 de esa ley, concretamente en el segundo párrafo, el cual indicó “que se deberá evitar la duplicidad, entendida ésta cuando todos o los principales atributos y componentes de dos o más programas tienen coincidencias o son idénticos; y duplicidad imperfecta para el caso de programas que comparten algunos componentes”.
Lo anterior significa, según el legislador, que las alcaldías no cuenten con sus propios programas sociales, el Gobierno de la Ciudad de México centraliza así los apoyos a la población y quedan a su discrecionalidad.
Este precepto, consideró, también contraviene al Artículo 70 de la Constitución de la Ciudad de México, cuyo planteamiento es que da la posibilidad de ampliar derechos y libertades, pero no menoscabarlos, por lo que si una persona es beneficiaria de dos programas eso es legalmente constitucional.
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El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del congreso local puso como ejemplo a Clara Brugada, quien, cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, daba un apoyo a las personas de la tercera edad, además los gobiernos local y federal, pero, como quedó intocable ese artículo de la ley cuestionada, ahora advirtió que verán reducidos los apoyos que verdaderamente reciben con el pretexto de que no deben existir duplicidad de programas.
“De esta manera, los legisladores de Morena dieron un fuerte golpe a la ciudadanía, en el que solo esperaron a que pasara el proceso electoral para arrebatarles los beneficios que venían recibiendo”, consideró el legislador panista.
Ricardo Rubio informó que un juez federal ordenó al Congreso de la Ciudad de México consultar a los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes beneficiarios de programas sociales, pero como la dictaminaron así entonces están en un desacato abierto.
Daniela Álvarez, diputada de Acción Parlamentaria Ciudadana, secundó esa posición y lamentó que los legisladores, a la hora de dictaminar la iniciativa, no le tomaron la opinión a los grupos vulnerables beneficiarios de un programa social.
Finalmente, Federico Döring, coordinador parlamentario de Acción Nacional, reconoció la eliminación del acotamiento de que los programas sociales estaban sujetos a la disponibilidad de los recursos económicos, con lo que se hubieran hipotecado los apoyos a la ciudadanía.
