Los diputados de la Ciudad de México discutirán mañana más de 30 adecuaciones a los planes que dictarán el desarrollo urbano de la ciudad de los próximos 20 años.
Desde el 8 de agosto de 2022, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) realizó foros en las 16 alcaldías para recabar propuestas y explicar a los capitalinos los proyectos que delinearán el futuro de la ciudad.
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En junio de este año, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió la propuesta del programa al Congreso de la Ciudad de México, pero los vecinos mostraron su rechazo al proyecto pues el gobierno no contempló a pueblos y barrios originarios. De acuerdo con el Artículo 15 de la Constitución local, los diputados tienen seis meses para dictaminar, por lo que este viernes 8 de diciembre vencerá el plazo.
El diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, reveló que aún están a tiempo por lo que discutirán mañana el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo (PGD).
En entrevista con El Sol de México, el diputado señaló que el dictamen propone 30 adecuaciones, entre las que incluyen precisiones en la zonificación en suelo de conservación y rural, así como respeto a territorios de pueblos y barrios originarios.
“Estoy esperando contar con la firma del Presidente de la Comisión de Planeación, el diputado Rubio, platiqué con él el día de ayer, estaríamos convocando para sesión el próximo jueves a las siete de la tarde para intentar subirlo el próximo martes a discusión del Pleno”, dijo Víctor Hugo Lobo.
Lobo confió en que sea avalado en comisiones este jueves y aprobado en el pleno el próximo martes 7 de diciembre, pues recoge las propuestas de vecinos, pueblos y barrios originarios.
Las adecuaciones al dictamen incluyen mapas que precisan las zonas de suelo rural y suelo de conservación; respeto a los derechos de propiedad de territorios, de colectivos, de pueblos y barrios originarios; concepto de igualdad y equidad de género, inclusión, así como de atención a olas de calor.
“Este documento recoge el sentir y la preocupación fundamental de todos los sectores”, aseguró.
“Hemos compartido con compañeros del grupo mayoritario de Morena, con el director del Instituto de Planeación, y en términos generales hay coincidencias de que está bien, que las precisiones que estamos presentando son viables y son favorables.
“Acción Nacional está en una posición política, está en función de que no vamos a acompañar una propuesta, es más política que técnica o legislativa”, dijo el legislador.
En entrevista por separado, la diputada e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Gabriela Salido, mencionó que a 10 días de que venza el plazo para dictaminar, Víctor Hugo Lobo, no había llamado a sesión para dictaminarla.
“La obligación del presidente en el proceso de dictaminación será integrar estas observaciones a los dictámenes. En lo personal nosotros hemos planteado que el proceso ha sido incumplido desde el principio hasta el final”, dijo.
Salido agregó que hay muchas inconformidades y señalamientos de expertos, colonias, pueblos originarios y técnicos medioambientales que rechazan los proyectos.
“Hemos recibido a todos los que han venido a manifestarse, distintos tipos de manifestaciones de diferentes grupos, de pueblos y barrios originarios, de colonias, expertos, técnicos en diferentes temas, medioambientales, de planeación urbana, temas hídricos, hay una amplitud de observaciones importantes”, señaló.
Advierten riesgo
Armando Rosales, doctor de Estudios Ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que el programa no actualiza las zonas de conservación y toma en cuenta las especificadas en 1999.
Además, señaló que prohíbe la construcción de megaproyectos, pero no especifica la palabra, lo que afectaría nuevos proyectos de vivienda social en la Ciudad de México.
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“Hay muchos riesgos, para todos, por un problema de afectar la sustentabilidad futura de la ciudad, pero también hay riesgos para quienes deseen invertir en la ciudad adecuadamente, quienes quieran hacer las cosas bien, apoyar el desarrollo inmobiliario, quienes quieran producir vivienda social en la ciudad, porque no van a tener toda la certeza jurídica para hacer esas inversiones, y se corre riesgo de que muchos de estos procesos de desarrollo urbano, terminen en amparos y en procesos judiciales”, afirmó.
La semana pasada, organizaciones de pueblos y barrios originarios, así como de colonias de la Ciudad de México, entregaron más de 25 mil firmas a diputados del Congreso local para rechazar la propuesta del Programa de Ordenamiento y Planeación.
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