¿Quién nos defiende, en manos de quién estamos? Con esta pregunta el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), Ismael Rivera, acusó una persecución y criminalización del Gobierno a la vida nocturna capitalina.
En entrevista con El Sol de México lamentó que si ya lidiaban con los grupos delictivos que los obligan a dejarlos vender droga en sus antros, ahora también deben hacer frente a operativos de clausura y en los que incluso la misma policía les siembra droga.
Se refiere al caso del operativo del 17 de agosto en el table dance llamado Queens, ubicado en Insurgentes casi esquina con Durango, colonia Roma Norte, donde se dio a conocer que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habrían sembrado cocaína en el establecimiento.
Ante ello se pregunta: “De dónde sacaron la droga, quién se las dio, quién ordenó este tipo de operativo, quién ordenó que se sembrara la droga. No es el único lugar en el que sucedió, hay varios en los que está sucediendo este tipo de persecución”.
Y es que al asedio a los antros se intensificó de abril a la fecha, período en el que, de acuerdo con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), se han clausurado 101 antros y bares y se han suspendido actividades en otros 104.
Son operativos dirigidos, se le pregunta a Ismael Rivera, a lo que responde: “nos queda claro que esto es una persecución a los empresarios, es una persecución contra la legalidad, contra los trabajadores, es una criminalización de la vida nocturna”.
“Cómo es posible que un lugar que quiera regularizarse se vea sometido y perseguido con todo el peso y abuso de la autoridad con la intención de hacer caer en delitos graves a los trabajadores y a los operadores de los establecimientos”, cuestiona.
LEY SIN REGLAS
A decir del presidente de la Anidice, los operativos del Invea -que van acompañados de la policía e incluso de la Procuraduría General de Justicia- tienen un vacío legal, pues la Ley de Establecimientos Mercantiles, dice, no tiene su reglamento desde 2011.
“Sin un reglamento que tipifique claramente los procedimientos de la aplicación de la ley todos los establecimientos caemos en un tema de ilegalidad, cómo es posible que la autoridad quiera hacer que los establecimientos cumplan con esa ley que no tiene un reglamento”, critica.Y ejemplifica: se les obligó a tener un alcoholímetro y aplicar pruebas voluntarias, pero como no hay una reglamentación, los aparatos están obsoletos, en desuso, pues sólo se compraron para cumplir y evitar posibles sanciones.
Para Ismael Rivera, tanto el Invea como la SSP y la Procuraduría local “ejercen una presión muy fuerte, especialmente en este sexenio que fue muy lamentable parala vida nocturna y evidentemente lo puedo calificar como uno de los más corruptos”.
“Le presentamos a (Miguel Ángel) Mancera un proyecto para regular al 100% la vida nocturna, transparentar su operación, brindar las condiciones de seguridad y el gobierno nunca nos hizo caso, al contrario no emitió el reglamento y ahí está el resultado, que siguen sometiendo a los empresarios y a los trabajadores”, lamentó.
Por ello llamaron a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, a “revisar el actuar de la Procuraduría, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, del Invea y todas estas autoridades que ejercen una presión muy fuerte”, al tiempo que se dijo abierto para empezar a trabajar en la regulación de la industria de la vida nocturna.