Con la intención de hacer más flexible las reglas de vehículos de micromovilidad como monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje, tres empresas se unieron para recabar firmas y hacer notar a la Secretaría de Movilidad (Semovi) la necesidad de tener más unidades en operación.
Se trata de Mobike, que ofrece bicicletas sin anclaje, Grin y Movo, estas dos últimas de scooters. En su campaña "por una regulación justa" –difundida en la plataforma de change.org- los prestadores de servicio acusan una regulación “muy negativa” por parte de la autoridad, ya que la consideran restrictiva.
Y es que la dependencia prevé autorizar una flota de cuatro mil 800 bicicletas y tres mil 500 monopatines eléctricos divididos entre los 12 competidores de ambos sectores. Además plantea una contraprestación de mil cinco pesos para bicis y mil 350 para scooters.
En entrevista para El Sol de México, director de Mobike, consideró que con esas decisiones la Semovi bloquea a las empresas con la intención de proteger al sistema de bicicletas públicas de Ecobici, el cual también opera un particular.
“Nos sorprende mucho que tomen este papel de querer bloquear la inversión de una nueva industria de micromovilidad que le puede ayudar mucho a la ciudad”, dijo René Ojeda, quien manifestó que son aliados de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su plan de reducción de emisiones.
Semovi “no ve con buenos ojos la posibilidad de hacer alguna modificación en la regulación, lo cual nos da mucha tristeza porque nosotros nos consideramos aliados del gobierno de Claudia Sheinbaum, queremos que nos vean como una solución y no como un problema”, añadió.
El lunes el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, se reunió con los representantes de las empresas de scooters y bicis sin anclaje. Ahí René Ojeda hizo una contraoferta de límite de unidades y contraprestación, pero no fue vista con buenos ojos.
Por lo que toca a las bicicletas, contó, se planteó un límite de 15 mil unidades, lo cual sería de tres mil 750 vehículos por cada una de las cuatro empresas interesadas. Como contraprestación propuso el pago del 3% del valor de cada bici, lo que daría unos 250 pesos.
“Se desestimó desde un inicio. Somos 12 empresas sustentables de micromovilidad, imagínate que 12 empresas le comenten al secretario que no están de acuerdo con los lineamientos y aun así no se piense que haya algo que se pueda mejorar en la regulación, esta actitud no le conviene a la ciudad”, añadió Ojeda.
Hasta el cierre de esta edición su campaña había sido firmada por más de mil 300 personas y entre los comentarios se leían: “es injusto que se aprovechen los gobiernos cuando su obligación es mejorar las condiciones de los ciclistas” o “hacen falta más bicis y ampliar la zona permitida para tránsito y aparcamiento”.
Según el cronograma de la Semovi, la última semana de junio se darían los permisos anuales para prestar ese servicio.
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