Salones de belleza, tiendas, consultorios, escuelas privadas, despachos jurídicos o negocios que ofrecen servicios de reparación siguen ocupando locales o casas que no tienen el certificado adecuado para desempeñar esa actividad.

Para tener un comercio o negocio en la Ciudad de México los microemprendedores necesitan un certificado que acredite que el espacio donde trabajan puede usarse con fines comerciales. Según estimaciones del gobierno local, hay más de 57 mil locales que no cumplen con este requisito.

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Como parte de la reactivación económica tras la pandemia, el gobierno capitalino detectó que poner en orden el establecimiento le toma a los microempresarios mucho tiempo y es costoso, por eso creó un permiso único que avala el uso que le dan a espacios de hasta 200 metros cuadrados.

El Certificado de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA) permite el desarrollo de estas actividades sin violar las reglas de desarrollo urbano. “El mecanismo es sencillo, transparente y de bajo costo”, refirió el gobierno.

A poco más de un año de la creación de este certificado, la administración local ha otorgado mil 13 permisos.

La regularización representa 1 por ciento de los comercios que están en esta situación. Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, estimó en agosto del año pasado que 57 mil 843 micro y pequeños comercios de la Ciudad de México ocupan locales sin uso de suelo autorizado.

“Como parte del esfuerzo de simplificación administrativa estamos acelerando la emisión de Certificados de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (cusra) para quienes tienen sus negocios en locales con menos de 200 m2. Esto permite desempeñar sus actividades comerciales sin contratiempo alguno en materia de uso de suelo. Tan sólo entre noviembre de 2021 y junio 2022 se recibieron 1, 394 solicitudes de cusra, habiendo dictaminado de forma positiva un total de 1, 013 (72.66%)”, indica el cuarto informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

El certificado cuesta mil 740 pesos y hasta la semana pasada su vigencia era por tiempo indefinido. El viernes 2 de septiembre la dependencia ajustó las reglas y explicó que expirará al cabo de un año.

“Las unidades económicas micro y pequeñas juegan un papel fundamental en la construcción del tejido social a nivel comunitario. Incluso actualmente son valoradas como unidades que coadyuvan a mejorar la seguridad comunitaria y el disfrute del espacio público”, explicó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en las reglas para expedir el CUSRA.

“En consecuencia, es de carácter temporal, ya que únicamente se le reconoce a personas determinadas en tanto lo ejerzan de manera continua en el espacio correspondiente hasta que se realice el procedimiento de cambio de uso del suelo o bien, se actualice el Programa de Desarrollo Urbano aplicable y se valore la factibilidad de cambiar la zonificación correspondiente”, agrega.

ÚLTIMOS CAMBIOS

El cuarto informe de gobierno no incluye los resultados de dos reformas que se hiceron este año a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

El primer cambio que hizo el gobierno fue en julio para ampliar este beneficio a otros giros. Los centros de desarrollo infantil y/o estancias infantiles (antes guarderías), jardines de niños, escuelas especializadas en atención a condiciones de discapacidad, escuelas primarias, secundarias, escuelas de educación media superior y de educación superior pueden recurrir al certificado siempre y cuando demuestren que están en funcionamiento.

“Hay un programa especial para que puedan tener los derechos adquiridos en el uso de suelo, que muchas de ellas no los tienen. Se abre este programa (...) hay universidades que tienen 30 años en un lugar y por alguna razón no han podido tener su uso de suelo, entonces, por derecho adquiridos se les da”, dijo entonces la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El segundo cambio, realizado la semana pasada, suma a salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios que demuestren que llevan cinco años continuos en esa actividad.