En torno al proceso contra la posible destitución del delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no abordó el tema de quien está obligado a indemnizar a una trabajadora despedida en 2003 y que ganó un amparo en 2016.

No se acató la orden que recibió la delegación, y que podría derivar en la destitución del cargo del jefe delegacional y consignarlo ante un juez penal federal.

La discusión del Pleno se orientó en la contradicción que derivó de los diversos puntos de vista que tenían sobre la Ley de Amparo los ministros de la Primera y Segunda Sala.

La delegación argumentó que le era imposible realizar el pago, pues el gobierno central de la Ciudad de México debía autorizarle el presupuesto correspondiente para cubrir el laudo.

Próxima semana

El pasado miércoles, Monreal anunció que María Aurelia Morales, quien fue despedida de manera injustificada en la administración perredista de Virginia Jaramillo, se le adeudan salarios por dos millones 400 milpesos.

Agregó que durante este año a la demarcación solo se le asignaron 15 millones de pesos para liquidaciones y salarios caídos, recursos que ya fueron agotados, porque se pagaron diez laudos.

No hay autonomía

Las delegaciones son órganos político-administrativos con facultades acotadas, los cuales no pueden ser asemejadas a un municipio, ya que no disponen de autonomía financiera: dijo el delegado de Cuauhtémoc ayer por la noche a través de un video publicado en su red social.

“Es importante considerar estos hechos ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a laudos delegacionales en la Ciudad de México”, añadió.

“Tengo todos los oficios que hemos enviado a la subsecretaría y a los ministros para demostrar que no estoy en desacato. En todo caso pido la destitución de quienes sí lo están, no yo. No estamos en desacato, hemos hecho lo pertinente”, aseguró.

El jefe delegacional advirtió que mientras el gobierno central no autorice la creación de la plaza, no habrá manera de restituir a la quejosa en su puesto, por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa otorgar recursos suficientes a las demarcaciones para cumplir con las sentenciasemitidas. 

“Vendrán 10 delegados y tendrán que ser sustituidos, porque no hay dinero para pagar ni para crear plazas.

“La resolución emitida en 2009 señala que se reinstale a la trabajadora que fue despedida, pero la delegación no tiene facultades para contratar ni para crear plazas”, dijo.

“Cuando recibo el requerimiento en (derivado de un juicio de amparo) 2016, solicito al gobierno central la plaza. Tenemos muchos oficios donde solicitamos a la Subsecretaría de Administración y Capital Humano crear, autorizar la plaza, porque los delegados no tenemos ni siquiera esa capacidad”, siguió.