La violencia familiar es lo que más se denuncia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene problemas para acreditar el delito y presentarlo ante un juez, esto provoca que muchas carpetas de investigación no las acepte un juez, por ello es necesario que se modifique el Código Penal, declaró la titular de esta institución, Ernestina Godoy Ramos.

Al rendir su segundo informe de actividades al frente de la (FGJCDMX) pidió ayuda al Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como a organizaciones sociales, juristas, académicas, organizaciones de mujeres, al propio Congreso de la Ciudad de México para presentar una propuesta consensuada y modificar lel Código Penal.

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En respuesta, activistas consultadas por este diario coincidieron en que no es cambiando las leyes como se resolverá el problema de la violencia familiar. Sara Lovera, periodista experta en el tema, declaró a este diario: “Lo que requiere son decisiones políticas y presupuesto. Continuidad en la capacitación de la población. Campañas bien pensadas. Cambios en el discurso público, del funcionario, quienes operan las instituciones y los medios de comunicación.

“Es la experiencia acumulada desde que en 1989 se crearon las agencias de delitos sexuales y contra las mujeres. Es la conducta de los hombres y mujeres los que deben cambiar”, añadió.

Ernestina Godoy enfatizó en su mensaje: “Como Fiscalía tenemos problemas con el tipo penal y con los requerimientos legales para acreditar el delito y presentarlo ante un juez, esto ocasiona que muchas de estas denuncias no podamos judicializarlas, por lo que debe llamar nuestra atención, es que quien decide, lo que tiene que llamar la atención de la sociedad, denunciar, es que quien decide denunciar este tipo de delito es porque ha llegado al límite y está buscando ayuda. En estos delitos, la prevención es esencial”.

Adelantó que ya tiene avanzada, en la redacción, una propuesta abierta a discusión. La fiscalía convocará a la realización de foros con la participación de congresistas y activistas.

Aunque no dio a conocer cuántas carpetas de investigación tienen abierta por violencia familiar, sí informó que en los Centros de Justicia para las Mujeres se tramitaron y otorgaron más dos mil 400 medidas de protección.

Delitos sin resolver

Para Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, A.C., el Estado se niega a reconocer esta violencia como violencia feminicida que se sigue incrementando al catalogarla como delito no grave, fomentando así la impunidad, y por ello, sin duda debe de haber un cambio en el sistema de justicia.

“Tal como lo ha dicho hoy la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el delito de violencia familiar es el delito que más se denuncia, pero también hay que decir que es el que menos se judicializa. El informe de México Evalúa, refleja que en 2020, 94.8 por ciento de los delitos no se resolvió”, comentó.

Al respecto, la codirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa, solicitó a la fiscal identificar por qué el tipo penal es el problema a considerar.

“Para nosotras es una manera de no mirar al interior de la institución de saber en dónde están los problemas, es como no tener esta mirada autocrítica, es necesario implementar esta serie de diagnósticos en torno al género para identificar esos obstáculos por los cuales los Ministerios Públicos y los fiscales no están integrando, investigando y protegiendo con perspectiva de género. Me parece interesante que se haga esa propuesta, pero que no se digan cuáles son los problemas del tipo penal”, señaló.

Víctimas quieren estar en las mesas

Daniela Sánchez, víctima de violencia familiar, tardó seis años para que una de sus denuncias contra su expareja se llevara ante un juez, y este jueves podría judicializarse otra investigación que abrió en 2018 contra su violentador, por lo que aseguró no es necesario un cambio al Código Penal, sino capacitación de los Ministerios Públicos, así como de los fiscales.

“Lo que necesitamos cambiar es únicamente aumentar la pena y que se considere un delito grave, para que sea prisión preventiva oficiosa, porque el verdadero problema no es que la ley no contemple esta figura de la prisión preventiva, sino el problema es que los Ministerios Públicos que asisten a las audiencias no conocen los argumentos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, solamente se basan en el Código Penal, que es muy cuadrado y cerrado”, opinó.

También sugirió que las víctimas deben estar en la mesa de discusión propuesta por Godoy, en la cual ella está dispuesta a participar.

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