Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, declaró que en el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, el Ministerio Público sostiene las tres acusaciones contra ella y otros tres servidores públicos por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
Gracias a las evidencias y los datos de prueba presentados por la Fiscalía, se soporta la acusación, afirmó.
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En un mensaje a medios, expuso que la Fiscalía ha respetado los procesos y derechos de cada una de las partes. Asimismo, afirmó que la FGJCDMX no realiza ninguna persecución política, simplemente cumple con la ley.
"La Fiscalía no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo", señaló.
Reiteró en que, desde el momento en que recibió la denuncia, el organismo se ha conducido en apego a la ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto a solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas.
Recordó que desde el jueves 24 de febrero, la Fiscalía local hizo de conocimiento la carpeta de investigación para todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, con el fin de citarlas a comparecer. Así, las personas imputadas gozan de las garantías de defensa y tienen derecho a un juicio justo por parte del poder judicial, mismo que determinó las medidas cautelares con base en datos de prueba presentados por la FGJCDMX, expuso.
"La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y solamente las pruebas, es la evidencia la que soporta la acusación", argumentó.
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Sobre las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial fueron suspensión temporal del cargo para los cuatro servidores públicos, prohibición para salir del país sin autorización; prohibición de acercarse, comunicarse o concurrir donde pudieran presentarse las víctimas; y la obligación para presentarse a firmar ante la unidad de medidas cautelares.
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