María Silvia Emanuelli, coordinadora general de la organización civil Habitat International Coalition América Latina, consideró que hay vacíos en la reforma a la Ley de Vivienda local, aprobada el jueves por el Congreso capitalino.
Explicó que no sólo se debe poner en papel un tope a las rentas, sino garantizar que los habitantes de la ciudad puedan acceder a la justicia y puedan hacer valer este nuevo derecho y obligación de forma segura, ya que existen arrendatarios que no harán valer lo aprobado.
“Se debe garantizar que los inquilinos puedan tener acceso a abogados o asesorías legales, y puedan defenderse ante los aumentos de la renta. Hay la posibilidad de que dueños de vivienda no respeten la ley y sigan con estas prácticas”, enfatizó la experta.
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En el foro “Reinventando las ciudades a través de la proximidad feliz”, también explicó que prevén escenarios en donde los dueños de los inmuebles desalojen a sus inquilinos para aumentar e imponer nuevos precios, con la intención de resarcir los topes económicos que la nueva ley les impondrá.
“La sustitución de una población más pobre, de menores ingresos, por una población con más dinero. Si no podemos poner en marcha herramientas e instrumentos para que esto no suceda”, comentó.
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Por su parte Federico Taboada, encargado de despacho del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva local (IPDP), explicó que tras la aprobación de esta modificación a la Ley de Vivienda en la ciudad, se tienen ya 30 días para hacer todas las modificaciones y poder exponer en qué consiste el el tope al aumento de las rentas.
“Tenemos 30 días para establecer la forma en la que va a operar”, reiteró.
