La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México creó la Unidad de Medidas de Protección (Umep) con la que se comprometió a que todas las mujeres que denuncien delitos de género reciban la protección requerida para salvar su vida e integridad.
El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 28 de junio señala que la Umep podrá intervenir en todos los casos de violencia contra la mujer promovidas tanto por la vía penal como por la civil.
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Todas las agencias y ministerios públicos a los que las víctimas se acerquen deberán medir el riesgo que corren las mujeres a través de un tamizaje. Luego evaluarán el nivel de peligro y emitirán la medida de protección más adecuada en cada caso.
“Los procesos y actuaciones de la Umep deben desarrollarse de manera eficiente, sin apego a rigurosas formalidades que entorpezcan la actuación y comunicación inmediata entre áreas y con la víctima. Lo anterior no excluye la obligación de las autoridades de dejar registro de las acciones para la determinación, derivación, ejecución y seguimiento de las medidas de protección, a fin de garantizar la certeza jurídica”, señala el documento.
La unidad tendrá dos grupos: el Grupo de Orientación e Implementación de Medidas de Protección y el Grupo de Seguimiento y Reacción.
El primero orientará al personal que gestiona y verifica las medidas de protección: desde que llegan al Ministerio Público hasta que se hayan implementado todas las acciones de resguardo a la víctima. Está integrado por personal ministerial, de psicología y de trabajo social, que realizan sus funciones las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El Grupo de Seguimiento y Reacción se encarga de desplegar las acciones necesarias en caso de incumplimiento por parte de la persona agresora o imputada. Dicho grupo está compuesto por personal ministerial, de trabajo social, de psicología, abogadas y abogados especializados.
Cada víctima atendida por la nueva unidad contará con un expediente individualizado que contendrá el plan de seguimiento, los tamizajes de riesgo y los registros de todas las actuaciones que se efectúen para la implementación, seguimiento y reacción.
Las medidas de protección tienen una duración máxima de 60 días, prorrogables hasta por 30 días y en caso de no cesar la violencia, las medidas de protección se mantienen vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia.
Según cifras del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, de las cuales informó El Sol de México en su edición del 20 de junio, una de las medidas otorgadas con más frecuencia es la “Prohibición para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente”.
Otras medidas con altos números de solicitud y otorgamiento son el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima, así como “la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos”.
En la Ciudad de México está vigente la Alerta por Violencia contra las Mujeres cuya activación le corresponde sólo al gobierno local y que está conformada por proyectos que brindan resguardo a las víctimas. Sin embargo desde 2019 el gobierno federal también discutió la activación de otro mecanismo, la Alerta por Violencia de Género.
Según cifras del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, de las cuales informó El Sol de México en su edición del 20 de junio, una de las medidas otorgadas con más frecuencia es la “Prohibición para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente”.
Otras medidas con altos números de solicitud y otorgamiento son el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima, así como “la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos”.
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Como parte de ese debate, un grupo de trabajo integrado por académicas analizó la atención con perspectiva de género que ofrecían la policía, las dependencias, los jueces y la Fiscalía General de Justicia. “Existen diversos problemas en materia de órdenes de protección, entre ellos, la falta de armonización, la falta de mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de solicitarlas, los juzgados y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la falta de recursos materiales y humanos, entre otros”, detalló el grupo en su informe final de 2020.
Por eso le recomendó a la Ciudad de México crear la Unidad de Órdenes de Protección al interior de la Fiscalía General de Justicia a la que se le otorguen las facultades para emitir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a las órdenes para las mujeres víctimas. Tres años después, la FGJ anunció su creación.
||Con información de Maleny Navarro||