Operadora de Integración Urbana, una de las seis permisionarias que explotan locales comerciales en bajo puentes vehiculares de la Ciudad de México, está vinculada al gigante que domina la venta de gasolina en el país: Corpogas. Su representante legal, César Antonio Oyarvide Escotto, ha ostentado el mismo u otros cargos en empresas vinculadas a Corpogas o a su líder principal, el empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, investigado por la Fiscalía General de la República.
Entre el 15 de enero de 2010 y el 8 de septiembre de 2014, la Oficialía Mayor de la Ciudad de México entregó 38 Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) a seis empresas para la explotación, uso y aprovechamiento de locales comerciales ubicados en los bajo puentes de Circuito Interior y otras avenidas.
A través de estos permisos se concesionaron 242 mil 074.21 metros cuadrados de espacio público, que equivalen a 24.20 hectáreas, el equivalente a 33 veces la cancha del Estadio Azteca. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sólo operan nueve bajo puentes que abarcan un total de 52 mil 340 metros cuadrados.
De las seis empresas que obtuvieron los 38 PATR, es Operadora de Integración Urbana la más beneficiada, con 19. No obstante de los nueve que de acuerdo con el portal de Seduvi están en operación, siete son de esta empresa, todos ellos ubicados en Circuito Interior.
Su vínculo con empresarios gasolineros radica en que esta empresa y Corpogas –que opera gasolinearías en siete estados, incluyendo 10 alcaldías de la Ciudad de México- comparten oficinas en Río Nilo 90, colonia Cuauhtémoc.
Pero no sólo eso, ya que quien firmó los PATR como representante legal es Oyarvide Escotto, vinculado al líder principal de Corpogas, el empresario Vega Serrador, investigado por la Fiscalía por lavado de dinero en Quintana Roo.
Por ejemplo, el acta constitutiva de Caveri Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. tiene como principal accionista a Ricardo Antonio Vega Serrador y luego a Anuar Hassan Fayad. En ese mismo documento del registro Público de Comercio fechado en 2010 aparece César Antonio Oyarvide Escotto como comisario o consejo de vigilancia.
En dos oficios de agosto de 2016 y julio de 2017 de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambienta (ASEA) aparece Oyarvide Escotto como representante legal de la empresa Estación de Servicio Amora S.A. de C.V. y de Estación de Servicio Andalucía S.A. de C.V.
La primera es la estación de servicio 13548 ubicada en Vialidad de la Barranca #1 y 3, colonia Ampliación del Olivo, en Huixquilucan, en tanto que la segunda es la estación de servicio 08632 ubicada en Boulevard Insurgentes S/N, colonia Jalapa en Ecatepec. Ambas ubicadas en el Estado de México.
DE FÁCIL ACCESO
Casi siempre son entregados para un buen fin, pero también casi siempre se beneficia más a las empresas que los obtienen. Los PATR son otorgados a discreción por el gobierno capitalino y para obtenerlos sólo hace falta pedirlos, ya que, al ser un acto unilateral, no exigen licitación.
Lo mismo se han entregan para simples negocios de colocación de baños públicos, que para proyectos con ganancias millonarias como la publicidad en el Metro y Metrobús, la gestión del estacionamiento en vía pública a través de parquímetros o la rehabilitación de bajo puentes para explotación de locales comerciales.
Los PATR son una figura amparada por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México y no son otra cosa que ceder un bien del dominio público a un privado para que éste lo explote y genere ganancias. A cambio las autoridades reciben una contraprestación mensual que no siempre es la más adecuada.
Por ejemplo, mientras que en su momento los PATR que se entregaron para Ecoparq –que hoy son títulos de concesión- plantearon a los privados pagar una contraprestación del 30% al gobierno del total de recursos captados en las alcancías instaladas.
En el caso de los bajo puentes el pago es en especie, es decir el particular deben mantener en buenas condiciones el espacio público que le fue cedido.
El interesado envía solicitud por escrito a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, luego se solicita información para comprobar la propiedad del inmueble y se realiza una visita física.
Se solicita opinión a las dependencias involucradas, va el caso al Comité del Patrimonio Inmobiliario y tras ello se dictamina la factibilidad para otorgarlo. Finalmente se solicita opinión a dependencias involucradas y se entrega el permiso.