El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que los menores en orfandad, cuyas madres hayan sido víctimas de feminicidio, tengan acceso prioritario a los programas sociales que otorga el gobierno local.
El dictamen agrega tres párrafos al artículo 2 de dicha ley, para garantizar que los menores sean beneficiarios a programas. También instruye al DIF de la ciudad, para que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia local, elabore un registro de las niñas, niños y adolescentes en esta condición; en conjunto, las dependencias establecerán políticas públicas y programas gubernamentales permanentes que garanticen el pronto acceso a los programas sociales.
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“El DIF-CDMX enviará un informe al Congreso de la Ciudad de México en febrero de cada año sobre los resultados de las políticas y programas referidos”, apunta la reforma aprobada por el poder legislativo.
En la exposición de motivos, el dictamen señala que en México sólo 238 huérfanos por feminicidio reciben atención del Estado como víctimas de la violencia.
Asimismo, señala que sólo 11 de las 32 entidades federativas reportaron atender a huérfanos por feminicidios, ocho estados informaron no tener casos y el resto no cuenta con información.
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El dictamen detalla que no existe un registro a nivel nacional y que en julio de 2023 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) anunció que realizaría un censo para informar en 2020 el número exacto de niños y niñas huérfanos por este delito.
Con ese contexto, la propuesta busca paliar dicha situación priorizando la concesión de programas sociales a menores de edad bajo esta lamentable situación.
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“No existen programas específicos o circunstancias especiales en los programas sociales ya existentes, que beneficien prioritariamente con apoyos gubernamentales a aquellos menores de edad que queden en la orfandad con motivo de la comisión del delito de feminicidio en perjuicio de su ascendiente, por lo cual, se busca paliar dicha situación priorizando la concesión de programas sociales a menores de edad bajo esta lamentable situación”, argumentan en el dictamen.
Polimnia Sierra, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, afirmó que esta reforma coadyuvará a que el Estado garantice la educación y óptimo desarrollo de esta población que es afectada por un abandono no voluntario, que se agrava cuando el padre fue el victimario y está recluido o cuando no se cuenta con familiares que puedan brindar apoyo.
