Luego de que Televisa difundiera el manejo de recursos al interior del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con respecto a los próximos conciertos en la Semana de las Juventudes 2018, la dependencia capitalina informó que las mujeres afectadas serán ingresadas a beneficios sociales de manera "inmediata".
El caso deriva luego de que se difundieran en televisión nacional los costos de la organización y logística del evento, en donde destaca que la directora del Injuve, María Fernanda Olvera Cabrera solicitó 10 millones 6 mil 277 pesos para contratar a la banda Pixies, más otros 2 millones 320 mil pesos para La Maldita Vecindad y otros 9 millones 128 mil 565 pesos para "montaje y talento".
En el reporte de Televisa, muestra el caso de dos madres jóvenes que han solicitado apoyos al Instituto pero lo único que han encontrado son negativas y además, cuestionan el uso de recursos por las millonarias cantidades que se utilizan para los eventos.
En el comunicado, el Instituto aclara que el apoyo a madres jóvenes consiste en exención del pago al transporte público y una beca mensual de mil pesos, "esta acción se conoce como Apoyo a Madres Jóvenes, la cual no cuenta con un presupuesto predeterminado o asignado y consiste en otorgar ambos beneficios de los programas ya existentes".
Agrega que "en los dos programas sociales referidos existe la suficiencia presupuestal necesaria para ingresar a las solicitantes y que corresponde a ellas las acudir a finalizar su trámite. De acudir y completar su registro, serán ingresadas de forma inmediata".
Sobre el dinero especifican que "por ningún motivo se mezclan o se utilizan recursos destinados a los Programas Sociales para cubrir Semana de las Juventudes".
Finalmente advierten que habrá consecuencias contras las personas que difundieron los documentos que provocaron este escándalo.
De conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las personas servidoras públicas (quienes desempeñan un encargo, empleo o comisión en entidades públicas) observarán el cumplimiento de la normatividad y una de dichas obligaciones consiste en custodiar y cuidar la documentación que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir y evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.