La gentrificación en la colonia Juárez, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, ha provocado que decenas de inmuebles que antes eran ocupados por vecinos originarios de esta zona, ahora sean edificios remodelados y con rentas que triplican los precios que tenían hace ocho años.
Un ejemplo de ello es el inmueble ubicado en Versalles 84, donde una manta anuncia “este predio está en litigio”. Había cerca de 30 vecinos en 2015, pero actualmente sólo hay tres familias debido a que algunos abandonaron el edificio voluntariamente al ver el desalojo con uso de la fuerza de varias familias.
Sergio González, vecino y activista de la colonia, expuso que las inmobiliarias toman casas en litigio para llevarlas a juicios y desalojar a los habitantes.
“Hay un problema fuerte, las autoridades de la ciudad han hecho pequeños esfuerzos, pero no ha sido suficiente para la regulación de la posesión. Los que poseen los inmuebles no son legales propietarios”, señaló en entrevista con El Sol de México.
Acusó a la inmobiliaria Reurbano de aprovechar que el inmueble de Versalles 84 está en litigio para desalojar a los inquilinos e intentar apropiarse del lugar por medio de su equipo de abogados.
En la calle Liverpool 9 se ubica otro inmueble intervenido por Reurbano, y del que fueron presionados todos los vecinos para irse. Sergio fue uno de ellos. Detalló que “blanquearon” el edificio; es decir, lo remodelaron para hacer que los departamentos de 140 metros cuadrados se convirtieran en dos de 70 metros o en tres de 40 metros cuadrados.
Narró que la presión hacia los inquilinos consistió en crear un ambiente hostil, trabajadores de la inmobiliaria llegaron al grado de cortarles el agua, la luz, y de instalar policías de resguardo de inmuebles.
Finalmente, en 2019, todas las familias abandonaron el lugar.
“El Gobierno de (Claudia) Sheinbaum Pardo tendría que haber activado, con toda formalidad, mecanismos para proteger el tejido social, el arraigo de los vecinos y para evitar que nosotros hubiéramos sido expulsados de este edificio. Yo fui el último inquilino que salió, tuve suerte porque mis demandas cayeron en juzgados donde los jueces tuvieron la sensibilidad de darme la razón, hasta que te agotas, hasta que llega un punto en que ya no puedes continuar”, señaló.
María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat, oficina para América Latina, explicó que desafortunadamente en esta etapa de la emergencia sanitaria no hubo un avance para frenar los desalojos. Si en algún punto se detuvieron fue porque los tribunales cerraron; sin embargo, actualmente hay una concentración de casos que datan de años atrás y ahora se ejecutan.
En entrevista, detalló que la recuperación económica en la Ciudad de México es evidente, sin regresar a la situación previa de la pandemia. Por eso, consideró que no hay razones para subir el pago de las rentas, lo que también genera la desocupación y desplazamiento de inquilinos.
“En general, las personas siguen con problemas para pagar la renta, porque además de estos incrementos, inexplicables ante el estancamiento económico, muchas personas se van a vivir con familiares”, destacó.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, añadió, tiene una medición de los desalojos en materia de arrendamiento, pero la última cifra actualizada es de 2019, por lo que no se sabe con exactitud cuántos desalojos por vía judicial se realizaron en pandemia.
La especialista consideró que las autoridades capitalinas deben establecer una serie de medidas en contra de la especulación y analizar el fenómeno como la garantía a un derecho humano y no sólo desde el derecho civil.
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