A partir de un diagnóstico preciso de los cuellos de botella, la iniciativa privada, legisladores, gobierno local y académicos acordaron ayer identificar las áreas para empujar e intensificar la simplificación administrativa en la Ciudad de México, ya que hacer un trámite en ella o abrir un negocio puede ser traumático.

El Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) de la Ciudad de México instaló la Mesa Empresarial de Simplificación de Trámites en la capital del país, en la que representantes empresariales presentaron ejemplos de las situaciones que enfrentan al ir a la ventanilla única de las alcaldías.

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A su vez, Leonor Gómez, directora general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, considero fundamental escuchar la opinión de todos los involucrados, porque ellos saben cuáles son las barreras burocráticas que impiden el avance de los proyectos, inversiones y políticas públicas.

“Sin duda, los trabajos de esta Mesa de Simplificación de Trámites de la Ciudad de México, impactarán de forma relevante la adecuación de los mismos, de forma que la reactivación económica tenga un impacto directo e indirecto en la generación de empleo y una mayor derrama económica, para con ello alcanzar mejores niveles de vida para la población en general”, expresó.

Mónica Leñero, directora de Enlace Legislativo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, narró los problemas que los representantes legales de esos negocios enfrentan diariamente para hacer un trámite ante la autoridad, sobre todo en las alcaldías, donde el empleado de la ventanilla tiene el poder de recibir o no la documentación.

Planteó evitar que una dependencia pida lo que otra de la misma Ciudad de México expide y es responsable por normatividad; además, los tiempos son excesivos y no están apegados en nada a lo estipulado; y recomendó homologar los criterios.

Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, mencionó un estudio que su organismo mandó a hacer a finales de 2019 y principios de 2020, en el que indica que para abrir un negocio de comida en la capital hay que cumplir con 58 regulaciones diferentes, efectuar 59 trámites, de los cuales 26, por ejemplo, corresponden a la etapa de apertura, 32 a la fase de operación,

Agregó que el solicitante debe presentarse ante 48 autoridades diferentes; el tiempo promedio para llevar a cabo cada paso legal es de 1.6 meses; y el costo agregado de trámites para ese sector representa el 27.9 por ciento.

En su oportunidad, Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, lamentó que “cada sexenio nos prometan menos trámites y cada sexenio nos ponen más trámites”, por lo que afirmó que en México es un calvario ser empresario y muchas personas han optado por irse al ambulantaje.

Frente a este panorama, José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que la mesa tendrá dos propósitos: el primero, es generar mesas de trabajo por sector, a fin de crear una propuesta de simplificación; el segundo abrir una puerta para identificar y destrabar trámites de dependencias gubernamentales o alcaldías, que planteen los participantes.

Recordó que al iniciar el gobierno actual había poco más de dos mil trámites con 14 requerimientos por cada uno, hoy son poco menos de mil con nueve requerimientos; que la meta para este año es que queden únicamente 750 en total con un máximo de nueve requisitos y por lo menos 150 digitalizados; y el propósito al final de esta administración es cerrar con 500 trámites, 400 de ellos digitalizados y un máximo de cinco requisitos por trámite.

Mencionó que uno de los proyectos, que aún no tiene nombre, es crear una especie un expediente digital para que personas físicas y morales puedan tener un panel de control de sus trámites con las autoridades, que incluiría documentos digitales certificados.

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Finalmente, Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, dijo que en adelante el gobierno, los empresarios y la ADIP concentrarán sus esfuerzos en los negocios de alto impacto, entre ellos la venta de bebidas alcohólicas, para destrabar trámites y puedan abrir a la brevedad, dentro del marco de la ley.

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