La parálisis legislativa que se vive en el Congreso de la Ciudad de México rompió con los tiempos constitucionales y provocó que sea hasta el 2021 la entrada en servicio de los juzgados de tutela en Derechos Humanos, cuya importancia radica en que los ciudadanos podrán interponer una queja ante la justicia y ésta deberá resolver -en un plazo no mayor a 10 días hábiles- las medidas que tomarán las autoridades para reparar el daño y en su caso sancionarlas por incumplimiento.
La Carta Magna de la Ciudad de México estipula que el último día de este mes vence el plazo para establecer estos juzgados en cada una de las 16 alcaldías, pero esto no será posible hasta 2021.
Hasta ahora los capitalinos presentan sus quejas a la Comisión de Derechos Humanos local y ésta a su vez presenta recomendaciones a las diferentes dependencias del gobierno sobre las quejas presentadas. Pero con la entrada en vigor de estos juzgados se dará mayor protección a las garantías individuales de las personas.
La Constitución local en el Capítulo II De los Derechos Humanos, Artículo 6, apartado G sobre Derecho a defender los derechos humanos, establece: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de forma eventual o permanente.
“Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra”.
En el apartado H sobre Acceso a la justicia, expone: “Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley”.
En su momento, Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, admitió el atraso en la instalación de los juzgados de tutela, lo cual se debe, justificó, a que no hubo ninguna previsión presupuestaria adicional para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se encargara del manejo de los mismos.
Ante esta astringencia de recursos, el legislador del Morena propuso que en lo que resta de este año se integren dos o cuatro juzgados, que operen con recursos ordinarios del tribunal, sin que representen un costo para la ciudad.
Al respecto, Jorge Gaviño, integrante de dicha comisión, se pronunció en contra de esa propuesta, porque su fracción, la del Partido de la Revolución Democrática, está a favor de que se respeten los tiempos constitucionales.
Opinó que lo de la falta de recursos es un mero pretexto, porque tras esto hay la intención de la bancada de Morena de desaparecer la figura de los juzgados de tutela en materia de Derechos Humanos por medio de una reforma a la Constitución capitalina.
El legislador sostuvo que eso sería un grave retroceso de lo mucho que se ganó en la Carta Magna de la Ciudad de México en materia de respeto a las garantías Individuales y colectivas.
Recordó que estos juzgados deberían de estar presentes en cada una de las 16 alcaldías y no solamente crear tres o cuatro, como propone el diputado Santillán.
OTRA POSTERGACIÓN
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia además admitió que la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados laborales -que también deberán instalarse en cada una de las 16 alcaldías- se aplazará debido a la falta de recursos, por lo que propuso que la ciudad siga con el esquema actual, es decir, con el funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Recordó que en este caso el nuevo modelo de justicia laboral debería estar listo para el 1 de enero de 2021, pero que se requerirían al menos 200 millones de pesos.
Consideró que lo mejor es proponer una reforma para ampliar los plazos de la entrada en vigor de la misma.
Por su parte, el diputado panista Diego Garrido López, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mencionó los pendientes, como el nombramiento del titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, el del fiscal anticorrupción y la designación de personal del Tribunal de Justicia Administrativa,
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