El Congreso capitalino aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres para que ningún violentador, deudor alimentario o acosador sexual ocupe un cargo público de elección popular o sea funcionario en las tres órdenes de gobierno federal, estatal o local.
Con 52 votos a favor, los diputados aprobaron la ley que prohíbe participar en cargos políticos a quienes cuenten con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo sicosexual. También por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
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La recién armonizada ley agrega a la prohibición a aquellas personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
Además se modificó el artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción I y se adicionó un nuevo párrafo que establece que los partidos políticos implementarán un mecanismo para garantizar la prevención, atención, sanción, la erradicación de la violencia política en razón de género.
Tras la aprobación, activistas, feministas, defensoras de derechos humanos e integrantes de diversas organizaciones civiles como Las Constituyentes, Todas México y 50+1, celebraron que esta Ley podrá ser aplicada para los comicios de 2024.
Yndira Sandoval, impulsora de esta ley, dijo que vigilarán a los funcionarios que quieran contender por algún cargo político en los próximos comicios.
“Quiero anunciarles que se llevará a cabo la 'Observatoria TodasMx 2024' que en 2021 sacó 106 antiboletas donde ningún partido político se salvó de tener entre sus filas a agresores, deudores y acosadores”, mencionó la activista.
En conferencia de prensa, la fundadora de la organización política, Las Constituyentes, destacó que independiente del marco jurídico aprobado, no renunciarán con las denuncias sociales, por lo cual van a evidenciar a aquellos funcionarios que sean violentadores, agresores sexuales y deudores alimentarios.
“Los vamos a evidenciar por partido, por cargo, por delito y por acción territorial donde se encuentren, la 3 de 3 llegó para quedarse y para cunplirse”, agregó.
El diputado del PAN, Diego Garrido, agradeció a los diferentes grupos parlamentarios por dejar de lado las disputas políticas y lograr un consenso para la aprobación de la reforma constitucional.
La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, recordó que en septiembre de 2021 presentó la iniciativa para poder visibilizar la violencia que se institucionaliza cuando un agresor ocupa un cargo público que se encuentra en el dictamen aprobado. “No sólo tiene que ver con que un agresor llegue a un espacio político, también con una obligación constitucional para los partidos políticos para que a su interior existan mecanismos para prevenir y erradicar la violencia política de género”, señaló.
Esta semana El Sol de México dio a conocer que desde 2019 hasta octubre de este año, la Contraloría General de la Ciudad de México registra 64 denuncias de acoso sexual contra funcionarios públicos que trabajan en las 16 alcaldías.
Las cifras muestran que la alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de funcionarios públicos acosadores con 14 denuncias, seguida de Iztapalapa con 11 y Tlalpan con siete.
“Recordemos que no hay cargo vitalicio y que esos funcionarios acosadores que están en las alcaldías van a querer reelegirse o van a querer ser recontratados y pues esto ya se los va impedir porque esto va para la administración pública, para los órganos autónomos, para el poder legislativo”, señaló Yndira Sandoval.
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La legisladora consideró necesario contar con un censo de todas las áreas en la administración pública para tener identificados a los agresores y violentadores en los tres órdenes de gobierno.
“Si hiciéramos ese censo en el poder judicial, imagínense si nos vamos a todas las áreas y a todas las ventanillas. Es un asunto de democracia, de dignificar la política y de subirle los estándares a la ética política”, agregó.