El Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática de la Ciudad de México debió quedar instalado el 1 de julio del año pasado, sin embargo hasta este viernes apenas se instaló el Comité de Selección que propondrá la terna a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de los candidatos a la dirección general del nuevo órgano.
En un periodo extraordinario celebrado este viernes de manera física y remota, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el cual se nombró a los cinco integrantes de este Comité: Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, Ernesto Rafael Alva Martínez, Ana Areces Viña, Genaro Javier Delgado Campos y Adalberto Noyola Robles.
Los académicos, quienes rindieron protesta este viernes vía remota, cuentan con doctorado y formación en la UNAM y la UAM, en disciplinas como urbanismo, arquitectura o geografía, y serán los encargados de entrevistar y evaluar a aquellas personas que se inscriban a la convocatoria para la dirección general del Instituto de Planeación.
Como ocurrió con el Comité de Selección de la Fiscalía General de Justicia, este órgano honorario tendrá que emitir la convocatoria, aprobar a los candidatos que cumplan con todos los requisitos, entrevistarlos, evaluarlos y finalmente elaborar una terna con los nombres de las tres personas candidatas al puesto.ç
Esta terna será enviada a la jefa de gobierno, que a su vez la remitirá al Congreso de la Ciudad de México para que sea discutida y votada por el Pleno. El proceso fue motivo de polémica ya que el diputado del PAN, Federico Döring y organizaciones como Ruta Cívica y Suma Urbana acusaron que el proceso no garantiza la imparcialidad, pues las personas que integraron el Comité fueron propuestas por la jefa de gobierno y por lo tanto esto puede pesar en la definición de la terna.
El Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática se crea por mandato de la Constitución capitalina. Su importancia radica en que será el encargado de sentar las bases para establecer políticas transexenales: elaborará el Plan General de Desarrollo que tendrá una vigencia de 20 años y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que regulará el desarrollo urbano de la ciudad con una vigencia de 15 años.
El primero debió entrar en vigor el 1 de enero de este año. El segundo tendría que hacer lo propio el 1 de enero del próximo año, pero antes debe estar aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, cuya iniciativa debe ser consultada con los pueblos y barrios originarios antes de que se le dé el trámite legislativo, algo que por la emergencia sanitaria podría retrasarse.
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