Los adeudos por 612 millones de pesos al Metro por parte de empresas y personas que explotan espacios y locales comerciales dentro de la red son resultado de una “tolerancia a la ilegalidad” que se generó en la administración anterior.
Así lo consideró el subdirector de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, Miguel Ángel Monroy, luego de que El Sol de México reveló que hay empresas y personas permisionarias que tienen retraso en el pago de rentas y que algunos locatarios reconocieron la deuda y buscaron una regulación.
En entrevista explicó que el único documento legal que acredita la actividad comercial dentro del Metro es el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), pero en la administración anterior se suplieron por llamadas libranzas.
“En 2018 y años anteriores hubo un comportamiento atípico en la recaudación porque existieron paralelamente al PATR una serie de documentos con los que se pretendía tolerar la explotación comercial de diferentes espacios”, dijo Monroy Aranda.
Y es que uno de los principales requisitos de un PATR es la realización de un avalúo mediante el cual se define el pago de la contraprestación a valores del año corriente y se especifica si ésta se debe cubrir en especie o de manera económica.
Como consecuencia, abundó Monroy, hay pocos PATR y por lo tanto pocos avalúos de tal manera que las empresas y locatarios pagaban cifras que podían estar por debajo de lo que realmente debían pagar y en cambio se les permitía la venta sin ningún obstáculo.
Al notar esta irregularidad –de la que se ha dado vista a la Contraloría Interna- la Subdirección General de Administración y Finanzas inició un proceso de regularización en el que dejó de reconocer las libranzas para generar PATR.
“En diciembre se presentaron los primeros comerciantes pretendiendo hacer valer una libranza e incluso buscar seguir pagando de manera atípica, es decir pagar lo que ellos querían sin un avalúo.
“Se les acotó diciéndoles que tenían que buscar su PATR e iniciamos una supervisión de las condiciones físicas de los locales. Los mismos locatarios han reconocido la irregularidad en la que se encontraban y han llegado a solicitar el PATR”, señaló.
Cuestionado sobre si esta permisividad representa un daño patrimonial, mencionó que podría haber una posible omisión, pero esta se determinara una vez concluido el proceso de revisión.