Parte de los proyectos insignia del gobierno de Miguel Ángel Mancera, la Línea 7 del Metrobús sufrió un revés judicial toda vez que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, otorgó un amparo a la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) mediante el cual se reconocen irregularidades en la construcción de este corredor de transporte.
Si bien la sentencia no pone en riesgo la operación de esta línea –que alcanza los 130 mil pasajeros por día de Indios Verdes a Campo Marte y es al primera con autobuses de doble piso- la administración de Claudia Sheinbaum tendrá que corregir fallos, sobre en materia de colocación de mobiliario para publicidad y de rehabilitación de los monumentos e hitos históricos ubicados en Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios.
El considerando Decimoséptimo de la sentencia del juicio de amparo indirecto 841/2017 indica que como parte de la instalación de las estaciones de la Línea 7 “se colocó, sin autorización del INAH, un gran número de vitrinas publicitarias denominadas 'mupis' -898 espacios publicitarios”. Este mobiliario fue autorizado por Metrobús a una filial de la empresa francesa JCDecaux.
Dicha empresa de origen francés, es además propietaria de la empresa de publicidad exterior Vendor, que a su vez posee 241 de los mil 273 anuncios espectaculares reconocidos en el padrón oficial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que la hace dominante en el sector.
Fue el 27 de abril de 2017 cuando el Metrobús entregó el Permiso Administrativo Temporal Revocable MB/PATR/01/2017 a la empresa Medios de Publicidad por un periodo de 10 años con opción a prórroga por otra década, a través el cual le autorizó 898 espacios publicitarios en las estaciones de la Línea 7, mismos que se confirmó siguen colocados en el corredor.
El documento, firmado por el entonces director del Metrobús y ahora director del Sistema de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón, establece que la empresa filial de JCDecaux debe pagar una contraprestación anual de 11 millones 570 mil pesos por la explotación de los anuncios publicitarios en las estaciones de Reforma y Calzada de los Misterios.
En la sentencia del juez Silva García se lee al respecto: “(…) el director general del organismo público descentralizado Metrobús, privilegiando intereses mercantiles sobre los espacios culturales protegidos por el orden jurídico nacional, celebró un contrato publicitario para la colocación de múltiple publicidad a lo largo de la Línea 7 del Metrobús Reforma”.
Esto, se agrega, “sin haber obtenido la autorización correspondiente por parte del INAH que resultaba imprescindible por la incidencia visual que tendrían los anuncios correspondientes en las zonas federales protegidas constitucionalmente”. El PATR se dio el 27 de abril de 2017, mientras que la autorización condicionada del INAH se dio el 19 de junio de 2017.
Tras exponer una serie de fallas que llevaron al juez a calificar la Línea 7 del Metrobús como “irregular y fuera de los parámetros constitucionales y legales”, se mandata en el considerando decimoctavo de la sentencia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras, el Metrobús y el propio INAH a retiro de la publicidad.
Asimismo al INAH se le emplaza a que continúe que con el procedimiento administrativo que abrió por la colocación de publicidad irregular en la Línea 7 del Metrobús para que resuelva, fundada y motivadamente, “lo que resulte procedente y, en su caso, sancionar a aquellos que resulten responsables de la afectación aludida al patrimonio cultural protegido”.
Fue por todo lo anterior que ayer en conferencia de prensa, el fundador de la AMDA, Ramón Ojeda, sentenció: “hay una vinculación entre los intereses de las empresas de anuncios mercantiles con las empresas que vendieron los autobuses, hay una conjunción de intereses”.