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Luego de poco más de medio año de la emergencia sanitaria declarada por Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México aceptó que ya no está en condiciones ni tiene los recursos suficientes para retomar alguna medida que cobije a arrendatarios e inquilinos afectados económicamente por la contingencia.
El Sol de México informó en sus ediciones pasadas las condiciones por las que pasan tanto los propietarios como los inquilinos que pagan renta, ante la desocupación, el alza de precios en el mercado y de la incapacidad de pago derivada del desempleo que surgió durante el parón económico. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, confirmó que ya no está entre sus planes algún programa de apoyo para este sector.
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"Lo que planteamos en algún momento, que estuvimos analizando, que se hizo en otros lugares del mundo, es un decreto en donde se evitara la expulsión de una persona por no pagar la renta en determinados meses. Sin embargo, vimos las consideraciones de la propia normatividad de la Ciudad de México y no nos alcanzan, digamos, los recursos legales que tenemos en la ciudad para poderlo hacer", dijo ayer en conferencia de prensa.
Ciudades de Argentina y Colombia decretaron desde marzo pasado la suspensión de desalojos por falta de pago. Pero la Ciudad de México ya no emulará esta medida salvo la existencia de un caso grave.
"Hemos estado trabajando para ver si es muy grave esta situación, sobre todo en términos de vivienda particular y por lo menos, no ha habido una situación extrema en este caso, ¿no? Y pues todo depende, evidentemente, de los recursos que se tengan", agregó la mandataria local.
En este momento ya no estaríamos en condiciones de apoyarClaudia Sheinbaum / Jefa de Gobierno
Su declaración desdibuja la intención de reactivar esta discusión al interior del Congreso de la Ciudad de México.
El presidente de la Comisión de Justicia, Eduardo Santillán dijo hace unos días a este diario que se trata de una crisis social y económica, por lo que analizaban la realización de foros entre iniciativa privada y organizaciones sociales. Adelantó que temas como contratos obligatorios de tres años o que no se exijan fianzas están fuera de discusión por considerar que no tienen viabilidad.
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