El delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno, y el diputado local perredista Manuel Ballesteros manifestaron que no son delincuentes, que no se esconderán y que responderán conforme a Derecho a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En compañía del coordinador del grupo parlamentario del PRD de la Asamblea Legislativa capitalina, Leonel Luna Estrada, ambos implicados en la resolución de la SCJN por incumplir un laudo laboral, manifestaron que sin desconocer que la resolución es definitiva e inatacable, buscarán reunirse con los ministros para exponerles su posición.
Señalaron que acatarán la resolución, por lo que el delegado de Venustiano Carranza, Moreno Rivera, pese a que todavía no es notificado, pedirá licencia para dedicarse a analizar su situación jurídica y no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales para defender su derecho.
El asambleísta Ballesteros López aseveró que no utilizará el fuero para defenderse, sino que acudirá a todas las instancias administrativas y judiciales a exponer su causa.
Al manifestar todo su apoyo al diputado Ballesteros López, y al delegado Moreno Rivera, la bancada perredista en la Asamblea Legislativa capitalina llamó al Poder Judicial a no actuar con irresponsabilidad al emitir sus resoluciones.
Luna Estrada declaró que el juez segundo de Distrito del Tribunal Federal Laboral no tomó en cuenta que se cumplió con el pago de más de siete millones de pesos a los trabajadores cesados en 2004.
Indicó que tampoco tomó en cuenta que a pesar de que se trata de un asunto de hace cuatro o cinco administraciones, se había restituido en su cargo a los trabajadores.
Sin embargo, explicó que el juez no procesó que el gobierno delegacional estaba impedido de expedir las credenciales de verificación de obras y giros mercantiles que ostentaban estos trabajadores en 2004, ya que la normatividad y las leyes cambiaron, y esa es facultad del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
"Con todo respeto, el juez encargado del caso tenía desconocimiento de las estructuras político, jurídica y administrativa del gobierno de la ciudad y de los gobiernos delegacionales", subrayó.
Manifestó que existen cientos de casos en las 16 delegaciones que pondrían en riesgo de enfrentar este tipo de sentencias a las autoridades sino se conoce a detalle la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México ni su estatuto de gobierno.
Precisó que si el jefe delegacional hubiera emitido las credenciales estaría no sólo incurriendo en faltas administrativas, sino incluso penales que hubieran sido fincadas por la Contraloría General, y la Auditoría Superior capitalina.
Raúl Flores, viceccordinador de la bancada perredista, rechazó cualquier estigmatización del legislador y del delegado y detalló que no existe ningún acto de corrupción ni que dañe el patrimonio de la delegación o a sus habitantes.
Expresó su preocupación porque este caso marca un precedente que podría repercutir en otras delegaciones.
