Las alcaldías tendrán la obligación de coordinarse con la administración central para instrumentar sus programas sociales y así unificar padrones de beneficiarios, a fin de evitar su duplicidad y así llevar al máximo el impacto económico y social de los mismos, planteó ayer Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El funcionario informó que esa condición, que fue muy cuestionada por la oposición, es parte de la nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, misma que publicó ayer la Gaceta Oficial capitalina y la cual ordena a las demarcaciones sujetarse a la normatividad que emita el gobierno local, para que dirija la política de bienestar en todo territorio de la capital.
Al respecto, Martha Ávila, líder de la fracción de Morena en el Congreso, aseguró que la ley salvaguarda y garantiza las facultades de las alcaldías para implementar sus propios programas sociales en beneficio de sus pobladores; y que también habrá un fortalecimiento de la coordinación de los órdenes de gobierno facultados para aplicar acciones sociales y así evitar su duplicidad.
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La diputada reconoció que la iniciativa enviada por el jefe de gobierno local enfrentó resistencias y campañas de información por parte de la derecha, pero el trabajo coordinado del gobierno central, la fracción del partido oficial y sus aliados llevó a su aprobación y eso afirmó servirá para mejorar las condiciones de vida de los capitalinos.
La ley considera como grupos específicos de atención prioritaria para el bienestar a los migrantes, las víctimas de violencia de género y familiar, personas en situación de calle, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, integrantes de la población LGBT+, personas con adicciones, personas con discapacidad y el tema del medio ambiente.
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