Ante el crecimiento de los feminicidios -y cada vez con más violencia- en la Ciudad de México, con 101 casos investigados en la Procuraduría General de Justicia capitalina del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de este año, la Secretaría de Gobernación dio entrada a la revisión de activar la Alerta de Género, proceso que tiene un plazo de hasta seis meses. Mientras el grupo de expertos decide si se declara, en la capital del país casi cada día se amanece con un nuevo caso de la violencia machista.
El pasado jueves fue dado a conocer que en un hotel de la ciudad, al oriente de la capitpal del país, ocurrió el asesinato de la ciudadana venezolana Génesis Gibson Jaimes, de 24 años, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, y por lo que madres de víctimas, activistas y diputados exigen como medida urgente activar la Alerta de Género para modificar la política de procuración de justicia hacia este sector.
“Al hombre no lo matan por ser hombre, a la mujer sí”, sentencia María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF).
Por ello, la defensora de derechos humanos y una de las voces más críticas del sistema de justicia en la urbe, explica que la Alerta de Género, si no es la panacea para evitar, combatir, la violencia machista, sí es un paso para la revisión de la actuación del Gobierno de la Ciudad de México para que diseñe planes que conduzcan a la no violencia de las jóvenes, pues es el rango de edad de entre 22 y 36 años en el que más se han cometido casos de feminicidio a manos de sus parejas, exparejas, persona (masculina) de confianza o en el transporte público.
“Primero, el gobierno debe aceptar que hay zonas de riesgo y que la situación es más grave de lo que se considera. El Estado mexicano ya tiene la obligación de investigar con perspectiva de género. Es decir, cuando ocurre un crimen de mujer se debe indagar por el simple hecho de ser mujer”, dijo Estrada a El Sol de México en entrevista.
Estrada refirió que la Federación no actúa conforme a la sentencia de Campo Algodonero 2009, tras la cual se debe garantizar la no repetición de los casos.
En el foro Los rostros de la impunidad: Violencia feminicida en la Ciudad de México, las defensoras de las madres de víctimas de feminicidios y desapariciones, entre ellas Nahyeli Ortiz y Anayeli Pérez, explicaron que las autoridades federales dieron entrada a la revisión de la solicitud de Alerta de Género para la Ciudad de México que hizo el grupo peticionarios. Ese primer paso quedó fechado el pasado 7 de septiembre. Hace un par de semanas, dijeron, también dieron a conocer el nombre de los expertos académicos que realizarán esta revisión, junto con Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Inmujeres local y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim).
Critican a equipo que estudia zonas de riesgo
Para María de la Luz Estrada, el grupo de académicos (Aleida Hernández, de la UNAM; Carlos Javier Echarri, del Colegio de México; Iris Santillán, de la UAM, y Martha Torres, UAM) es el mismo que ha evaluado otras solicitudes de Alerta de Género, y eso no es posible, porque se requieren otros expertos para la capital del país, porque las recomendaciones que hagan se deben hacer con acciones focalizadas, que se estudie el territorio de riesgo para las mujeres, además de que se tiene que investigar a qué empresas se concesiona el transporte público.
“No quiero nombrar empresas, pero luego resulta que en algunos servicios se reportan casos de agresiones de las mujeres”, alerta la defensora.
El pasado 18 de octubre la diputada local Beatriz Rojas Martínez propuso: “Aumentar las penas por el delito de feminicidio, sancionar a funcionarios que entorpezcan la justicia a víctimas de este crimen y multas para medios de comunicación que desvíen la información con datos que inclinen el juicio moral, pero sobre todo acabar con la resistencia clasificar el homicidio contra las mujeres como feminicidio”. El pasado miércoles este diario publicó que en las coordinaciones territoriales los agentes del Ministerios Públicos manifiestan resistencia a abrir carpetas de investigación cuando hay casos de mujeres asesinadas como feminicidios.
“En las agencias de Ministerios Públicos hay negativa para indagar desde un inicio con perspectiva de género, tampoco se hace una cadena de custodia severa. Hay que decirlo, la resistencia también es por parte de jueces y juezas. Se requiere cambiar la mentalidad para estos casos, porque a lo único que lleven es a la impunidad. Con la falta de severidad para iniciar las carpetas se reta al dolor de las familias”, lamenta la abogada Nahyeli Ortiz. Prueba de ello es el caso de la mujer que el pasado 21 de noviembre fue reportada muerta dentro de la habitación del
Hotel Antenas, colonia Providencia, delegación Gustavo A. Madero.
Fuentes de la PGJ consultadas por este diario refirieron que el cuerpo de la víctima, que presentaba severos golpes en cara y otras zonas, se quedó en la Coordinación Territorial GAM-2 y no pasó a la Fiscalía Especializada, pese a que el hombre que acompañaba a la mujer fue detenido. Al cierre de esta edición, la dependencia capitalina no había informado sobre la situación jurídica del sujeto y bajo qué cargos se encuentra detenido o si ya no lo está. Tampoco se emitió información sobre si la carpeta de investigación está iniciada como feminicidio u
homicidio. La solicitud de la petición de Alerta de Género para la Ciudad de México está en una primera etapa -de un proceso de seis meses para saber si fue aceptada- y deberá caminar hacia un periodo en el que se atraviesan las fiestas decembrinas y el anuncio del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien aspira a ser candidato a la Presidencia de la República, de dejar la administración local también en unos días.
CDMX: captación y tránsito
Paras los activistas y defensoras de los derechos de las mujeres en México, la capital del pís se ha convertido en un punto de captación de mujeres y traslados de las mismas hacia el norte de la República y de ahí hacia Estados Unidos para la comercialización en el tema dl delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
Actualmente, y de manera oficial, la cifra de mujeres declaradas como desaparecidas es de 644 y 60 por ciento de los casos pertenece a menores de edad, de acuerdo con datos que ofrece el ONCF que retoma estadísticas dadas por las autoridades judiciales.
“La desaparición de mujeres también deriva en situaciones de feminicidios”, alerta María de la Luz Estrada.
