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La Alerta de Violencia de Género (AVG), que nació para evitar que se profundizara la violencia feminicida en un territorio determinado y cuya naturaleza radica en que sea por emergencia sin tomar en cuenta las políticas de gobierno de largo aliento, se debate en la Ciudad de México.
Por orden judicial, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) debería decretar hoy la AVG en la capital mexicana, pero según la declaración de la titular de la Secretaría de las Mujeres capitalina, Gabriela Rodríguez, no lo hará.
La AVG surgió en 2007 con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 2015 se decretó por primera vez en el Estado de México y ya lo tienen 18 entidades. María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aleida Hernández, coincidieron que el mecanismo surge en un contexto en el que empezaba cada vez más fuerte la violencia feminicida en México después de todo lo acontecido en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Estrada dijo que el mecanismo para decretar la AVG está bien fundamentado pues el objetivo es aplicar medidas urgentes en las entidades con violencia feminicida y el que funcione, considera, es obligación del gobierno federal, al igual que en las entidades.
Hernández, especialista en género, comentó que el mecanismo necesita una revisión profunda pero, no porque no funcione, pues este sí está bien planteado, pero el detalle es que: “Deben dejar de hacer tanta simulación institucional de qué se va a llevar a cabo”.
Platicó que a revisión profunda si podía mejorarse por lo que propuso dos vías: la primera es perfeccionar su naturaleza de emergencia para que se establezcan plazos muy concretos y que tenga una temporalidad, y sino lo cumplieron como institución pues que se reformulen ciertos elementos de las propias políticas que ahí se plantean.
“El mecanismo no debería tener políticas de largo alcance, debe tener sugerencias muy urgentes, puntuales que se puedan evaluar en el corto plazo, porque para largo plazo ya tenemos leyes y políticas de mediano y largo plazo en materia de género”, expuso.
El mecanismo de la AVG tiene un perfil de rendición de cuentas, y debe haber un grupo de trabajo en la primera etapa y después un comité interinstitucional y multidisciplinario que no es conformado sólo por instituciones sino que también por el sector académico.
“Algo que se tendría que reformar en el mecanismo es que deben estar en todo momento las organizaciones sociales y también familiares de las víctimas que haya alguna manera de incorporarlas a los procedimientos”, externó.
