Más de dos mil 500 familias se quedaron sin sustento, ya que el gobierno capitalino no les renovó la concesión a 74 verificentros. Los afectados se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF).
Durante una conferencia de prensa, Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, denunció que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, les “dio madruguete” con esa determinación y los dejó sin trabajo con la creación de 50 nuevos verificentros.
Al exterior de la sede de la CDHDF, informó que presentó una queja en contra de la administración capitalina por violaciones a los derechos humanos, al suspender sin argumentos y motivación la verificación vehicular por seis meses, ya que eso afecta a la salud de los habitantes, a los trabajadores y al patrimonio de los accionistas de verificentros.
Afirmó que son dos mil 500 las familias afectadas por el cierre de dichos centros de medición.
Anunció que acudirán a todas las institucionales nacionales e internacionales para denunciar esta situación, “no nos vamos a quedar callados para denunciar el autoritarismo y abuso” del gobierno capitalino, que pretende solo vehículos nuevos circulando en la capital del país.
Criticó al jefe de gobierno, quien no les revalidó la concesión para seguir sus operaciones y tampoco les dio la oportunidad de adquirir los nuevos equipos para la inspección física y mecánica de los vehículos. De esta manera, advirtió, serán reprobados 700 mil automóviles emplacados en la Ciudad de México y que tienen los hologramas 1 y 2.
