Preparan Ley Olimpa para proteger a víctimas tras su muerte

Ernestina Godoy, presentó una iniciativa ante el Congreso, con lo que se pretende sancionar a funcionarios públicos que filtren imágenes

Heriberto Hernández | El Sol de Puebla

  · martes 18 de febrero de 2020

Evitarán que se difundan contenidos sensibles sobre los cuerpos / Foto: Roberto Hernández

Huauchinango, Puebla. Para la activista Olimpia Coral Melo, el hecho que la hizo víctima en el ciberespacio, Ingrid y el homicida de la segunda, tienen algo en común, haber nacido en la tierra “machista, misógina y traidora”, en donde cabe Huauchinango, Necaxa y demás poblaciones de la región.

Al pronunciarse sobre el caso de feminicidio de Ingrid, asesinada por su pareja sentimental de nombre, Francisco, la promotora de la ley contra los victimarios de personas en internet, mejor conocida como Ley Olimpia, se dijo vinculada con las protagonistas de los hechos que se convirtieron en tema nacional, por haber nacido en la misma tierra.

“Él no la asesinó ‘por algo’, ni por culpa de ella. La asesinó por hombre, porque pudo, porque sentía que era suya y porque la impunidad, los medios de comunicación misóginos, la sociedad machista y las instituciones les han dicho que es normal hacerlo”, afirmó.

Por otro lado, se pronunció contra los medios de comunicación que publicaron las imágenes del homicidio que mostraron los hechos de manera explícita, indicando: “nuestros cuerpos se tocan, se exhiben, se difunden, queremos estar seguras también en Internet. Lo virtual es real”.

También anticipó que la Ley Olimpia ampliará su protección “a los cuerpos de las mujeres ya fallecidas”, con el fin de evitar que se difundan contenidos sensibles, íntimos”, los términos contemplan la no publicación de documentos de personas asesinadas o muertas por otras circunstancias.

“Ni muertas seremos sus objetos de entretenimiento, ni satisfacción, ni lucro, ni amarillismo”, agregó en sus redes sociales.

El feminicidio ocurrido el pasado 9 de febrero, aunque dado a conocer al siguiente día, ha provocado varias reacciones, como la publicada el 14 de febrero, en donde la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa ante el Congreso, con lo que se pretende sancionar a funcionarios públicos que filtren imágenes, archivos o documentos de investigaciones en proceso.

De manera paralela, distintas entes representativas de la ONU en México y Unicef, decidieron condenar el feminicidio de Ingrid y de las demás mujeres y niñas asesinadas cada día en México por razones de género.