El gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para crear una ley y aplicar multas de hasta 65 millones de pesos a las empresas que construyan viviendas con pisos de más, casas delujo con permisos para hogares baratos, entre otras irregularidades.
Esta medida forma parte del proyecto para una Ley de Responsabilidad Ambiental local que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) entregó al Congreso capitalino. También establece la reparación integral del daño y garantías de no repetición.
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De acuerdo con el documento, el objetivo de las autoridades capitalinas es prevenir que las empresas y las personas físicas con proyectos inmobiliarios generen daños ambientales, a otras edificaciones, así como a la salud de las personas.
La académica del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gabriela Jiménez Casas, consideró que impedir las construcciones ilegales incide en la recuperación ecológica, así como en los ámbitos social, económico y legal.
La experta además dijo que la limitación a las construcciones de edificios y viviendas, en cumplimiento con las normas establecidas, podría permitir más áreas verdes, las cuales inciden en la temperatura de la ciudad.
“Puede hacerse una comparación entre una calle arbolada a un área donde no haya árboles y la diferencia es de 15 grados centígrados. A eso se le llama islas de calor.
“En donde no hay árboles se genera mucho más calor del que deberíamos tener, entonces, si se generan pequeños prados y se juntan con otros van a generar un pequeño ecosistema que funcionará como un todo que operará mucho mejor que si estuviera aislado”, mencionó Jiménez Casas a El Sol de México.
A diferencia de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la propuesta de la PAOT tiene capítulos que no se enfocan al daño a elementos naturales, como son áreas verdes o las naturales protegidas, sino en “elementos artificiales”, por ejemplo, viviendas y edificaciones.
Si bien la propuesta para la ley local estipula las mismas sanciones económicas que la ley federal por daños ambientales, que van de los 32 mil 571 pesos a los cinco millones 428 mil 500 pesos, para personas físicas, y de 108 mil 570 a 65 millones 142 mil pesos a empresas, agrega los “elementos artificiales” y obras irregulares como causantes.
El documento precisa que el dinero que las empresas y personas físicas paguen será depositado en una subcuenta para la reparación del daño a los “elementos artificiales”, que estará en un fideicomiso que creará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Los recursos, aclara la PAOT, serán utilizados para financiar las reparaciones que requieran los inmuebles dañados. Sobre las multas propuestas en la Ley de Responsabilidad Ambiental local, la experta de la UNAM consideró que deberían ser más altas, principalmente para las personas morales, las cuales obtienen ganancias millonarias.
“Yo creo que la ley ambiental sí podría funcionar siempre y cuando los castigos económicos sean considerables, que les duela el bolsillo, que les duela que les estén cobrando tanto.
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“Me parece que 65 millones de pesos para una industria que gana bien es muy poquito, podría ser mucho más”, añadió.
Otra propuesta de la Procuraduría Ambiental capitalina es que, como sucede a nivel federal, su implementación requerirá que haya jueces y salas civiles especializadas en la materia, pero no especifica un plazo para su operación.
Sobre las acciones de reparación del daño establecidos en leyes como la propuesta, Jiménez Casas aclaró que los resultados no son inmediatos, por lo tanto, si una ley como la que busca crear el gobierno es aprobada, los beneficios tardarán en reflejarse.
