El principio de equidad electoral de los comicios locales de 2024 está en riesgo, ya que los diputados capitalinos dejaron sin recursos al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para su preparación, denunció el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del organismo, Mauricio Huesca Rodríguez.
Durante una entrevista con El Sol de México, el funcionario recordó que el organismo solicitó al Congreso de la Ciudad de México 76 millones de pesos para ese ejercicio, pero sólo fueron autorizados 101 mil 845 pesos.
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"Hoy por hoy no está garantizado ningún acto relacionado con el proceso electoral; no está garantizada la vigilancia, el monitoreo de servidores públicos, de candidaturas, de aspirantes a candidatos, la supervisión de los actos de precampaña tampoco", comentó el consejero.
Huesca Rodríguez además advirtió que tampoco es segura la instalación de 13 mil casillas con sus materiales para las elecciones de 2024. La carencia de recursos para la preparación de las elecciones "podría traducirse en la vulneración al principio de equidad en la contienda y también va a poner en riesgo la instalación de mesas directivas de casilla", recalcó el funcionario.
De acuerdo con el consejero, los problemas para el instituto electoral local por los recortes presupuestarios empezarán este año con la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo de 2023 y 2024, además de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco).
Este año el IECM organizará las dos consultas, porque la Ley de Participación Ciudadana vigente prohíbe llevar a cabo ejercicios de participación ciudadana en un año electoral, por lo que adelantará dichos procesos.
El 7 de mayo tendrá verificativo la consulta y la elección de las comisiones de Participación Comunitaria, por lo que los vecinos recibirán tres boletas: dos de presupuesto participativo y otra de Copaco.
Huesca Rodríguez aseveró que el instituto carece de presupuesto para estos ejercicios, luego de que los diputados locales no aprobaron los 170 millones de pesos solicitados, ante lo cual tomará recursos de su gasto operativo a fin de celebrarlos. También reducirá los costos que invertirían originalmente.
"Estamos haciendo ajustes, de tal forma que la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo sea llevada a su mínima expresión y su costo está previsto para unos 60 millones de pesos", manifestó el consejero electoral.
Las consecuencias, agregó el funcionario, serían la instalación de 2 mil 400 mesas receptoras de opinión, y no cinco mil como era antes, así como la impresión de boletas de 20 por ciento, y no de 35 por ciento, equivalente al padrón electoral.
A pesar de lo anterior, garantizó que no disminuirá la calidad de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo, pero admitió que las boletas no contarán con tantas medidas de seguridad.
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"El no disponer de recursos para la participación ciudadana implica no solamente un retroceso, sino una violación a os derechos y a la libertad de la ciudadanía para tener las herramientas para participar en estos ejercicios de democracia directa", aseguró Huesca Rodríguez.
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la institución mencionó que otra consecuencia es la ruptura del principio de Voto Informado, porque el organismo tiene la obligación legal de dar las herramientas necesarias a la ciudadanía y difundir, el contenido de los mismos, para que las y los vecinos salgan a votar por ellos con la información suficiente.
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