Con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico el país se sumió en un clima de violaciones a los derechos humanos, principalmente de personas defensoras de esos derechos y periodistas. Los focos rojos estaban en el norte y la Ciudad de México se constituyó en una especie de oasis, pero hoy ya no lo es más.
De acuerdo con el Índice Estatal de Libertad de Expresión 2019, la Ciudad de México –centro político, económico y social del país- registra una calificación de 5.1 en una escala de uno al 10, lo cual la deja en zona de entidades reprobadas, apenas por encima de Chihuahua y Nuevo León y cerca de Coahuila, todas ellas abatidas por la guerra contra el narco.
Desde la Torre Reforma Latino, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) presentó ayer los resultados de este Índice, que se elaboró con una metodología de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el que se evaluaron cinco dimensiones prioritarias para garantizar la libertad de expresión.
En la primera dimensión: Marco legal de la libertad de expresión, la Ciudad de México obtuvo 5.0 de calificación, colocándose por encima de Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, entidades que también han sido evaluadas por el Casede. De esta manera la capital se consolida como una urbe de avanzada en la materia.
Sin embargo, en la segunda dimensión: Derecho de acceso a la información, se coloca por debajo de las otras entidades con 6.0; en la tercera dimensión: Pluralismo en los medios, la capital registró 4.9 puntos; en la cuarta: Independencia de los medios, obtuvo apenas 2.0, por debajo de los 5.3 de Coahuila y 4.3 de Chihuahua.
Aunque pareciera que en la quinta dimensión: Seguridad para las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos, la Ciudad de México es la mejor calificada, no es así, pues obtuvo 7.8 que parece lejano del 9.0 que logró Nuevo León, pero es mejor que el 4.0 de Chihuahua.
Al respecto el informe del Casede refiere que “antes las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se desplazaban a la capital del país huyendo de las dinámicas de violencia de sus estados de origen; sin embargo, en los tiempos recientes la ciudad ha experimentado un deterioro en sus condiciones de seguridad”.
Esto fue secundado por Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, quien durante la presentación del informe enfatizó que si bien la Ciudad de México puede seguir siendo un refugio para periodistas desplazados de otros estados, no es uno plenamente seguro, pues también en la capital se ejerce violencia contra periodistas.
Recordó el caso del fotógrafo asesinado en la colonia Narvarte, Rubén Espinosa, quien se desplazó de Veracruz en busca de seguridad para ejercer su trabajo y en ese sentido acusó que en la Ciudad de México no existe una efectiva investigación de este tipo de casos y las autoridades no están bien capacitadas. “Nos ven como sus enemigos”, dijo.
MECANISMO, PALIATIVO
Por su parte la titular del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Ciudad de México, Tobyanne Ledesma, detalló que cuentan con un fondo de dos millones de pesos al año para apoyar a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido agredidos, requieren medidas de seguridad y también apoyo social.
En ese sentido comentó, por ejemplo, que canalizan apoyos para periodistas desplazados en materia de salud, seguro de desempleo y atención psicológica para la familia.