El gobierno de la Ciudad de México apeló la resolución en la que un juez decidió que ya no había delito que perseguir contra Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda (Invi) local, pues el proceso para investigar el uso indebido de sus funciones ya había prescrito.
Así, la administración capitalina promovió el pasado 22 de septiembre una demanda de amparo en contra de la resolución que determinó que había prescrito el delito por la ilegal adquisición del predio en Paseo de los Olmos 110, en Álvaro Obregón, por un total de 70 millones de pesos.
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Esta apelación ya se formulaba desde enero, cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la investigación contra Collins era por este desarrollo que el Invi autorizó sin haber pasado por el Consejo un monto importante de recursos que no correspondía con viviendas de interés social.
La propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó en ese momento que respetaba el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, pero que “no comparte el criterio de un juez de control que decretó la extinción de la acción penal contra un exservidor público acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades”.
La apelación a la decisión del juez se realizó dos semanas después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que no prescribieran los delitos de corrupción cometidos por exfuncionarios. Actualmente la iniciativa es prioridad en la agenda de la bancada de Morena. “Si alguien se robó dinero público pues ¿cómo que después de tres años ya no se le persigue?”, cuestionó la mandataria.
Como informó ayer este diario, el extitular del Instituto de la Vivienda fue inhabilitado en marzo pasado para ocupar cualquier cargo en la administración capitalina por 20 años y además tiene que pagar una multa de 320 millones de pesos por adquirir este terreno de manera ilegal.
Collins Flores es buscado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y por la Interpol, debido a que cuenta con una orden de aprehensión vigente -librada también en marzo- por la comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
La orden de aprehensión fue notificada en abril a Patricio Leopoldo Vargas, juez Décimo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, ante quien Collins Flores tramitó un amparo.
Actualmente el exfuncionario tiene tres denuncias en su contra: una por delitos contra el medio ambiente, específicamente por realizar de manera ilícita el cambio en el uso de suelo en el predio Rubí número 57, en la alcaldía Tlalpan, y dos más por el uso ilegal de atribuciones y facultades. Estos delitos se sancionan con tres meses o hasta nueve años de prisión.
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