El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, como fue aprobado mayoritariamente en el Senado de la República, viola derechos humanos de los usuarios, reprochó ayer Armando Zúñiga Salinas, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un comunicado, presentó seis argumentos para oponerse a esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y con la que se daría forma a esa lista y expresó que es una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos nacionales
Por principio de cuentas, afirmó que se viola el principio de presunción de inocencia, ya que se asume que el usuario de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.
En segundo lugar, la Coparmex local advirtió que la creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría irreversiblemente una seria violación a la privacidad de la ciudadanía y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se usa para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.
El tercer cuestionamiento es que “limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población”.
Como cuarta observación, opina que incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
El quinto planteamiento es que atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar diversa información de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Por último, viola la irretroactividad de la Ley al sancionar a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.
Ante esto, la Coparmex local llamó al Poder Ejecutivo para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial.
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Manifestó su preocupación porque dicho registro repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones aprobadas.
Finalmente, lamentó que la mayoría de las y los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes señalaron reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios.
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