Tras un reinicio atropellado del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, se prevé que el cierre de mes sea aún más caótico, pues es cuando gran parte de los automovilistas deciden someter su auto a este trámite y sólo operan 46 de los 57 verificentros autorizados y con fallas.
El 7 de junio la secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller, dijo que al inicio de cada mes verifican en promedio unos 20 mil vehículos, pero en la última semana “hay más de 100 mil (automóviles)”, por lo que “claramente así no hay verificentros ni líneas que puedan atender la demanda”.
Sin embargo, para el presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, Gustavo Anzures –que representa a 18 verificentros que fueron excluidos de las nuevas concesiones- la saturación se deberá más a que no operan los 57 centros y en los 46 que se da el servicio persisten las fallas desde el 2 de julio.
Para Anzures Torres la “crisis” que viven los verificentros de la capital se debe a la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de dar concesiones a empresas que no tenían experiencia previa en el ramo o que incluso no contaban con el predio para instalar los centros de verificación.
Y es que como informó El Sol de México el pasado 15 de junio, la Sedema dio autorización para operar 27 nuevos Verificentros a 10 empresas y cuatro personas físicas de las que no hay registro sobre su experiencia en materia de verificación vehicular.
Una de ellas es la Compañía Empresarial Vedoza -que logró permisos para un verificentro en Iztapalapa y otro en Coyoacán- firmó el 27 de septiembre de 2017 un contrato con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) para la adquisición de cinco mil cobijas por un monto de 742 mil 400 pesos.
Ante ello Torres Anzures dijo: “con nosotros no estaba pasando (esto), ya estábamos funcionando al 100%, no teníamos este tipo de problemas. La ciudadanía no tenía que formarse”, y destacó que cuentan con los equipos y la infraestructura para sumarse a reforzar el programa de verificación.
“A los nuevos verificentros no les funcionan las citas, hay una serie de irregularidades y esto demuestra la incapacidad de la Sedema”, enfatizó.
ACUDEN CON SHEINBAUM
No obstante, ante la negativa del actual gobierno para analizar la reincorporación de los centros de verificación que fueron excluidos de las nuevas concesiones, Gustavo Torres dijo que buscaron a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para atender sus peticiones.
“Ella ya fue secretaria del Medio Ambiente, y nos dijo que una vez que resultara ganadora iba a revisar el programa de verificación, la convocatoria y la entrega de concesiones, dado que se reduce considerablemente el número de verificentros, de 74 pasan a 57”, contó Torres Anzures.
TALLERES TAMBIÉN PERDIERON
Con la renovación de las concesiones para verificentros, la Sedema decretó una suspensión de la verificación en el primer semestre de este año para que los que resultaron ganadores de los permisos pudieran acondicionar los centros y empezar a operar al 100% el 2 de julio, lo cual no ocurrió.
Sin embargo, este proceso afectó también a los 134 talleres autorizados del Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes (PIREC).
De acuerdo con el representante de esos talleres, Miguel Ángel Sánchez, las pérdidas por taller pudieron variar entre 20 y 30 mil pesos mensuales, lo que multiplicado por los seis meses en que no hubo verificación, ascienden a entre 120 y 180 mil pesos por taller.
