Los docentes, directivos y personal de escuelas capitalinas acusados por presuntos abusos sexuales contra estudiantes serán reubicados en áreas administrativas hasta que los familiares de las víctimas determinen si denunciarán ante las autoridades judiciales y se proceda en su contra, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México establece un protocolo para atender las denuncias por presuntos abusos sexuales en preescolar, primaria y secundaria.
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El documento revisado por El Sol de México precisa que, si un trabajador es denunciado por este presunto delito, las autoridades educativas deben informarle sobre ello y fundamentar la decisión de separarlo de todo estudiante para solicitar su reubicación.
La guía establece en su apartado Escuela Segura la aplicación inmediata de protocolos para prevenir y atender la violencia escolar.
La secretaría establece que, para la Ciudad de México, el director del plantel, en coordinación con la subdirección de gestión escolar o quien se encuentre en la escuela, dará atención a las quejas de acoso escolar, maltrato escolar o abuso sexual en contra de algún alumno o miembro de la comunidad educativa.
Las autoridades solicitarán apoyo de los supervisores de la zona o región para garantizar la adecuada aplicación del protocolo, y de esta manera, la protección de la posible víctima.
De acuerdo con la guía de la SEP, durante el proceso de seguimiento de una denuncia, las autoridades escolares atenderán a la familia de la víctima para conocer su versión de los hechos y solicitar su autorización para conocer la versión del alumno. El padre, madre o tutor tendrá que ser informado sobre las instancias legales para denunciar.
Luego de notificar a las autoridades superiores en la SEP sobre los hechos se informa al presunto responsable, si es profesor, administrativo o de apoyo, que será reubicado en áreas administrativas en lo que se determina el caso.
Si el presunto acusado trabaja en dos o más colegios, el protocolo establece que se tiene que notificar ante la autoridad central para considerar el caso en lo que se lleva a cabo la investigación.
Durante ese lapso, el presunto agresor o abusadora tiene derecho a un espacio de trabajo digno fuera del plantel escolar para que no tenga contacto con estudiantes o población de servicio social.
El pasado 24 de septiembre, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de la SEP, Luis Humberto Fernández Fuentes, anunció la implementación del nuevo Marco para la Convivencia Escolar en los planteles escolares de la capital.
Ahí el funcionario afirmó que estos lineamientos promueven ambientes de convivencia armónica, pacífica, inclusiva y democrática, así como el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la equidad de género entre las personas integrantes de las comunidades educativas.
En mayo pasado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en el cual informa que en 2021 hubo 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en nuestro país.
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Del total, 53 por ciento de los casos fue por abuso sexual, 33 por ciento por violación, 5.7 por otros delitos de violencia sexual, cuatro por acoso sexual, 3.6 por estupro, uno hostigamiento sexual y 0.01 a causa de incesto.
Ayer, este diario informó que otra medida de seguridad implementada es la reactivación de la revisión de mochilas.
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