Que el agresor salga de casa ya es un derecho establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sería un grave error que las autoridades sigan creyendo que los feminicidios se acabarán con esta medida, pues para eso es necesario un modelo único de atención, advierten asociaciones civiles.
Adolfo Domínguez, de Justicia Derechos Humanos y Género, expuso que en realidad esta iniciativa de reforma a la ley que envió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Ciudad de México ya está prevista en las órdenes de protección y lo que simplemente está haciendo es visibilizar más este derecho.
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Señaló que es una medida positiva para garantizar la vida de las mujeres frente a su agresor, sin embargo, el problema es que cuando hablan de la eficacia de las órdenes de protección en realidad tienen que ver con más acciones.
“Se debe buscar establecer estrategias integrales y fortalecerlas para que puedan salir del ciclo de violencia, me parece que el error que ha habido con este mecanismo es que se le ve de forma aislada y resulta poco efectiva”, expuso.
Ejemplifica la orden de protección que ya se aplica en la ciudad, llamada Código Águila, que consiste en una patrulla que diariamente pasa por la casa, pero esta medida por sí sola tiene un efecto inhibidor poco efectivo, porque un agresor ve en qué momento pasa la patrulla y cuando ya se fue puede agredir a la víctima.
Otro ejemplo es de una mujer asesinada en Jalisco afuera de la casa de Gobierno, a pesar que tenía orden de protección.
Consideró que en los hechos hay poca coordinación, omisión e insensibilidad de autoridades, porque las mujeres muchas veces andan en un peregrinar de instancias y se van a casa sin ninguna medida.
“Lo que hace falta es aplicar un modelo claro de atención, otorgamiento y seguimiento de órdenes de aprehensión, que articule a todas las autoridades que entran en atención en una situación de violencia de primer contacto como policías, personal de salud o educación”, comentó.
Agregó que también los mecanismos de prevensión tienen que estar en estos modelos de atención, como la Secretaría de la Mujer, pues a veces las víctimas acuden a solicitar ayuda, apoyo u orientación, pero luego las canalizan a otras instancias que no otorgan de forma inmediata las medidas y muchas veces eso inhibe la solicitud de apoyo presentadas.
AYUDA PARA LA FISCALÍA
Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia Pro Persona A.C., coincidió en que se necesita una instancia coordinadora en la Fiscalía, pues tiene la estructura, pero no está organizada al interior.
Indicó que el único que gestiona las órdenes de aprehensión es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Cavi), pero va cada semana a las audiencias con los jueces para que se las den, y de aquí a que lo hagan ya asesinaron a la mujer.
Además, mencionó que cuando se otorga la orden de protección desde el Ministerio Público esto es simbólico, pues le manda un oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que aplique el Código Águila.
“¿Pero quién le da seguimiento a que el rondín sea efectivo o que la víctima realmente tenga la red de apoyo institucional?
Eso no lo puede hacer el Ministerio Público investigador porque es un tema administrativo, tiene que haber una coordinación y me parece que las áreas las tiene la Fiscalía”, propuso.
“Si tú me preguntas a dónde hay que ir para solicitar una orden de protección sólo el Cavi, pero no tiene la capacidad, sólo lo hace de forma de trámite pero no verifica, por ejemplo, que el policía haya hecho el rondín, se requiere de una política integral de prevención y atención a la violencia contra las mujeres”, añadió.
La iniciativa de reforma de ley de la jefa de Gobierno contempla que el agresor desocupe inmediatamente el inmueble, sin importar si es un arrendamiento o un matrimonio en sociedad conyugal o separación de bienes e incluso una convivencia en concubinato.
Alessandra Rojo de la Vega, diputada local, destacó que de nada sirve tener un texto si no lo van a llevar a cabo, al mismo tiempo solicitó que se implemente toda la tecnología y todo lo que se necesite para que las mujeres estén más seguras.
“Ya está la Alerta de Género, ya están las leyes, las autoridades deben hacer su trabajo y nos debemos unir todos los sectores para poder erradicar la violencia de género”.
Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, expresó que le parece muy arriesgado que se hable de priorizar las órdenes de protección antes que enviar a las mujeres a un refugio porque en México no hay justicia.
“Es muy fácil decir que el agresor se salga de casa, pero olvidamos que en la Ciudad de México viven varias mujeres en la casa de algún familiar del agresor, al final están dentro del mismo entorno, y en un país ideal eso sería lo más óptimo que sea el agresor el que salga”, consideró.
Narró que en las órdenes de protección no hay un seguimiento y ejemplificó el trabajo de Equis Justicia que mostró que de 2010 a 2020 se otorgaron más de 63 mil órdenes, pero de cada 100 solamente cinco tuvieron seguimiento.
“No se ha entendido que la violencia es sistemática, las órdenes de protección tienen que venir reforzadas con otras acciones como los refugios, es delicado y está encaminado a no disminuir el delito de feminicidio”, expuso.
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