Los desalojos forzados de inquilinos han cobrado gran notoriedad y en lo que va del año se han registrado más de 500 casos en la Ciudad de México, informó el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso local, Fernando Aboitiz.
Durante el foro Las políticas de vivienda en la Ciudad de México, convocado por el Congreso capitalino, el legislador refirió que el año pasado se registraron más de tres mil desalojos, por lo que esto se ha convertido en un problema que se debe atender.
“Tiene que ver con una perversidad legal. Ha habido gente muy habilidosa, por no decir que con influencias, que ubica predios que están intestados, donde no hay movimiento, no hay dueños y hacen una prescripción”, es decir, promueven un desalojo, refirió.
Como alertó este diario desde febrero pasado, hay casos en los que se expulsa a los inquilinos con falsas órdenes de desalojo, usando grupos violentos, grupos de abogados, coyotes de oficinas de gobierno y, en el fondo de todo esto, están los intereses de inmobiliarias.
El integrante del Movimiento Urbano Popular, Jaime Rello, comentó: “Wn la ciudad necesitamos poner un alto a este proceso. El suelo urbano está en el fondo del asunto, el problema es que es carísimo y se ha acaparado, quien puede pagar el precio es quien tiene dinero”.
El diputado Aboitiz Saro señaló que los desalojos forzados en los que podría haber intereses de inmobiliarias son los que ocurren en la alcaldía de Cuauhtémoc, principalmente en colonias como Roma, Juárez o el Centro Histórico, donde el gobierno tiene un plan de repoblamiento.
De hecho, por ejemplo, en el Centro se aprobaron dos Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC): el Alameda-Reforma y Distrito San Pablo. Los SAC son instrumentos de desarrollo inmobiliario a través de los cuales el gobierno otorga facilidades a los desarrolladores para romper con las resistencias existentes.