Para establecer sanciones de cinco a 10 años de prisión a los responsables de hospitales o funerarias que aumenten costos ante una emergencia sanitaria, en el Congreso de la Ciudad de México se analiza reformar el Código Penal local.
Lo anterior ante el hecho de que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el precio del tratamiento en hospitales privados aumentó 51 por ciento en siete semanas, al pasar de 300 mil pesos, en promedio, a 452 mil 918 pesos, costo que se estableció el 8 de junio pasado.
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A su vez, la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas estima que los pacientes con casos más graves que requieren hospitalización por Covid-19 podrían gastar entre 700 mil y dos millones de pesos.
Al respecto, el integrante de la bancada del Morena en el Poder Legislativo local, Eleazar Rubio Aldarán, reconoció que, ante la pandemia provocada por el coronavirus, los gastos de hospitalización y atención médica en los nosocomios privados se incrementaron exponencialmente ante la demanda de pacientes que se registró.
Como impulsor de la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, el morenista dijo que además se contempla la suspensión de la licencia de operación por los mismos años, incluso la suspensión para ejercer la profesión a los directores, encargados y administradores de cualquier hospital, tanto público como privado, además de los responsables de negocios con servicios funerarios que, ante la declaratoria de una emergencia sanitaria, incrementen los costos sin importarles la crisis económica por la que atraviesa la población.
“Encontramos una serie de datos en los que se ha abusado en los hospitales en donde hay cobros excesivos, exorbitantes, en contra de los pacientes enfermos con Covid-19”, refirió el morenista.
Consideró que hay una falta de solidaridad y apoyo con las familias que, aparte de enfrentar el infortunio de tener algún enfermo grave de Covid-19, tienen que enfrentar el reto de pagar cuantiosas cantidades de dinero a las instituciones que lucran con el dolor y la necesidad de muchas familias, sobre todo de clase media, a las que no les queda más remedio que acudir a la iniciativa privada para salvar a sus seres queridos al costo económico que sea necesario.
El diputado Rubio Aldarán expuso que, si bien es cierto que se trata de hospitales privados, también lo es que en emergencias sanitarias con la que actualmente enfrentamos se deben establecer políticas públicas que protejan a la ciudadanía.
“Por ello es necesario prevenir este tipo de conductas cada vez más recurrentes, con la creación de un tipo penal que atienda esta problemática que vive la sociedad”, declaró.
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