A 17 días de que reinicie la verificación vehicular, las inconsistencias en las concesiones y la falta de transparencia sobre los lugares donde se realizará el procedimiento prevalecen, denunciaron empresarios que fueron concesionarios y a los que no se les renovó el permiso.
Ayer también, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que el Gobierno local abrirá la información sobre la adjudicación, selección de los verificentros, sus titulares y en dónde estarán ubicados.
De acuerdo con las solicitudes de transparencia dadas a conocer por la Asociación Ecológica de Verificación Gustavo Torres, representante de la agrupación, dijo que los nuevos centros obtuvieron la concesión sin tener los terrenos ni los permisos ambientales.
La asociación está conformada por 16 expermisionarios que solían manejar verificentros, y que según denunciaron, sin motivo les negaron ser parte de la nueva etapa, pese a que sus instalaciones y maquinaria se encuentran en óptimas condiciones y sólo requerían de comprar una pieza y actualizar el software.
La Asociación Ecológica preguntó a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) en un requerimiento de transparencia sobre la cantidad de verificentros que a partir del 2 de julio operarán en la ciudad y, de conformidad con la respuesta con Folio 0112000095418, son 55, sin embargo en el mismo documento se entrega una lista con 57 personas físicas o morales autorizadas para establecer y operar un centro de verificación.
También llama la atención que desaparecieron las concesiones número 41, 42 y 55, y que se añadieron cinco.
Este medio consultó a la Unidad de Transparencia de la Sedema para saber si había alguna actualización en la información, sin que hasta el cierre de esta edición se obtuviera alguna respuesta.
En una segunda solicitud (011200016518) se requiere conocer la ubicación de los verificentros a lo que respondió: "la información solicitada, se encuentra clasificada como restringida en modalidad de reservada", y más adelante añade que "la divulgación de tal información implicaría la difusión de datos que son susceptibles de cambiar".
Al ingresar a la página de los verificentros para saber si la información se encontraba disponible, como el pasado 7 de junio las autoridades aseguraron que sería, resultó que no hay todavía datos sobre la ubicación de los lugares.
Debido a las irregularidades, la asociación presentó una demanda administrativa en la Contraloría de la Ciudad de México por presunto tráfico de influencias, proceso en el que les apoya el diputado federal Juan Romero Tenorio.
Aunque cuestionados por El Sol de México sobre cuáles son las pruebas, el diputado Romero indicó: "Hay información que da la inferencia, pero no somos autoridades para solicitar las actas constitutivas, identificar cómo están integrados los socios, si están involucrados con otro tipo de negocios, por eso le pedimos a la Contraloría que asuma esta investigación".