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Cinco víctimas del choque de la Línea 3 del Metro solicitaron a través de su abogado que se anule la audiencia contra del conductor del tren involucrado en el accidente, debido a que no fueron citadas para conocer del proceso y eso las excluyó de pedir la reparación del daño.
El objetivo de solicitar la nulidad de la audiencia es que el procedimiento sea repuesto con la participación de las víctimas, para que tengan la oportunidad de solicitar medidas cautelares, la reparación del daño, entre otros derechos. El 27 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Carlos Alfredo N, conductor del tren que chocó en el intertramo de las estaciones Potrero y La Raza. Ese día, en audiencia inicial, el juez lo imputó por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, y determinó su prisión domiciliaria para que el próximo 1 de febrero determine si lo vinculan o no a proceso.
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Con ese contexto, el abogado Cristopher Estupiñán, representante legal de cinco víctimas, explicó que al no ser citadas a esa audiencia, les niegan su derecho a conocer el contenido de la carpeta de investigación, a aportar datos de prueba, proponer líneas de investigación, entre otros derechos incluidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en Tratados Internacionales.
En conferencia de prensa, donde estuvieron presentes algunas de las víctimas, entre ellas los padres de Yaretzi, quien perdió la vida en el choque, Estupiñán informó que ampliaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el fin de que el Sistema de Transporte Colectivo Metro sea señalado como responsable de lo ocurrido, pues considera evidente que el organismo está en decadencia.
César Ricardo Hernández Velázquez, padre de Yaretzi, rechazó la resolución de la Fiscalía General de Justicia respecto a que el choque ocurrió por negligencia y corte de cables. “Es un insulto a la memoria de mi hija el que se haga este tipo de conclusión por parte de la Fiscalía, yo no la compro y se me hace a modo, porque aquí hay una responsabilidad más grande”, afirmó.
Familiares de Aranza de la Cruz Ramírez, quien acompañaba a Yaretzi en el tren accidentado, señalaron que la joven tiene miedo de salir y vive con secuelas de lo ocurrido. “Nosotros como sociedad, como ciudadanos debemos defender nuestros derechos, para que las autoridades hagan lo que les corresponde”, dijo la mamá de la estudiante de 18 años.
El abogado, que también defiende a las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, acusó que la Fiscalía nunca les informó sobre la investigación.
"La Fiscalía, de manera flagrantemente ilegal en violación a nuestros derechos humanos, llevó una investigación a vapor en la que, en ninguno de nuestros casos, las víctimas ni si quiera acudieron a ratificar o a presentar una denuncia, ninguno de nosotros conocemos quién es el fiscal a cargo de la investigación.
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"En ningún momento se nos informó de los actos de investigación que se están realizando y mucho menos se nos compartió la copia de la carpeta de investigación objeto de la audiencia inicial", dijo. A nombre de Juana González, César Hernández y Miriam Coronel, también víctimas, Estupiñán solicitó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que en atención a los incidentes en los que no puede garantizarse la seguridad del Metro, emita una Alerta de Viaje a manera de concientización, en el que informen a los ciudadanos americanos del riesgo inminente de usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC). La solicitud fue enviada a la Embajada ayer.
El abogado también presentó quejas ante la Condusef a la que solicitarán su intervención para conocer el contenido de la póliza del seguro por daños a terceros que tiene el STC en la cobertura de este tipo de hechos.
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