Las víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro que han rehusado llegar a un acuerdo reparatorio con Grupo Carso como salida alterna al proceso, buscarán el próximo lunes 2 de mayo que la autoridad judicial reclasifique el delito de homicidio culposo a doloso eventual y evitar mayor impunidad en el caso que llevó a la muerte a 26 personas y que dejó lesionadas a otras 100.
A pesar de que Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, haya obtenido un amparo de un juez federal, éste no será de utilidad ya que la defensa de los afectados exhibirá al Juez de Control evidencias que permiten corroborar que el ex funcionario y coacusados incurrieron en faltas graves en el modelo, construcción, diseño, operación y mantenimiento de la Línea 12.
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“Hemos estado presionando con diversas denuncias y demandas, lo que ellos tratan de hacer es que las víctimas se desesperen, caigan en la desesperación y la necesidad, solo ha habido dilación y cada vez se inventan una diferente artimaña, ahora los escritos ya no los recibe el Ministerio Público, sino por Oficialía de Partes, nosotros seguiremos, las víctimas saben que es cansado y saben que las autoridades están dilatando el proceso”, expuso Teófilo Benítez, asesor jurídico de 12 víctimas.
“¿Qué va a suceder?, estamos más que preparados, vamos por la reclasificación, no quieren que lleguemos a las imputaciones y van a realizar diversas artimañas para que eso no se haga, nos opondremos y queremos que esa audiencia se realice forzosamente, para que se reclasifique de lo culposo a lo doloso”.
En conferencia de prensa el asesor jurídico sostuvo que los manuales de mantenimiento obligan a los diversos directores y sudirectores del Metro a la revisión y supervisión de diversas acciones del Sistema de Transporte y así hacer lo correspondiente, para evitar tragedias como las ocurridas hace casi un año.
Además, del segundo informe de DNV, la empresa contratada por el gobierno para señalar el motivo del accidente, se desprende que la parte de mantenimiento falló, por lo tanto la ex titular del Metro, Florencia Serranía, deberá ser citada a clarificar su responsabilidad en la tragedia de la Línea 12.
Por ejemplo, se detectó la ausencia de 400 pernos y se pasó por alto el monitoreo que debía realizar un comité de vigilancia, ya que por el mal diseño, la debilidad de las columnas y trabes y la deformación de éstas, era indispensable actuar de manera inmediata.
Todas las omisiones en conjunto llevan a la conclusión de que el desplome no es un hecho fortuito ni tampoco culposo, sino doloso, en el sentido de que nadie intervino a pesar de lo que establece el Manual de Mantenimiento de la Línea 12, en su tramo elevado.
Piden demolición de tramo elevado
Las víctimas reiteraron su petición de justicia y la demolición del tramo elevado de la también llamada Línea Dorada.
Esa petición se basa fundamentalmente en el agradecimiento a los cientos de personas, que les brindaron apoyo y a aquellos que son usuarios del Metro a efecto que no vuelvan a sufrir un hecho similar como el del 3 de mayo de 2021.
El asesor jurídico de los afectados, explicó que el objetivo es que no exista una repetición de los hechos y solo demoliendo el tramo elevado, que va desde Tláhuac hasta Atlalilco, se podrá dar certeza a la Ciudadanía de que una tragedia así no volverá a suceder.
Respeto a las indemnizaciones que ha otorgado la empresa Carso Infraestructura y Construcciones (Cicsa), el penalista Benítez sostuvo que en todo caso será a través del Poder Judicial y sus jueces quienes establezcan de manera legal y certificada los montos que debe recibir cada víctima.
Recordó que la Fiscalía General de Justicia negó la posibilidad de realizar cinco peritajes básicos para la cuantificación de los pagos reparatorios, por lo que el despacho a cargo de Teófilo Benítez los realizó mediante peritos particulares en materia de medicina forense, sicología, trabajo social, antropología social y matemática actuarial.
“¿Por qué el Ministerio Público no realizó esos peritajes a las víctimas? la carpeta de investigación no los tiene, solo tiene planos y planos, cuando realmente se necesitan las verdaderas pruebas que determinen la claridad del hecho del colapso y la reparación a los afectados”, indicó el jurista.
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Los afectados mencionaron que están dispuestos a obtener una suma reparatoria, siempre y cuando se realice de manera justa y legal, con lo que establezcan los peritos derivado de los estudios personales a cada una de las víctimas.
Nota publicada en La Prensa