Los cementerios y crematorios públicos de la Ciudad de México tendrán un sistema de videovigilancia con conectividad al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, con el fin de incrementar la seguridad en estos lugares e impedir actos como exhumaciones ilegales.
El Gobierno capitalino presentó el nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios, el cual también contiene una serie de disposiciones en torno a los servicios y operación de los inmuebles. Esta propuesta, que se publicará la próxima semana, surge a un mes de la exhumación ilegal del bebé Tadeo, en un panteón de Iztapalapa.
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En conferencia de prensa, Néstor Vargas, titular de la Consejería Jurídica local, señaló que los lineamientos buscan disminuir la comisión de ilícitos y de actos irregulares. "Entonces, yo creo que va a ayudar mucho para resolver el problema que hemos estado viendo, en el caso Tadeo y algunos otros casos", dijo.
Vargas agregó que aún no contemplan cuántas cámaras se instalarán en los cementerios, pero ya están en pláticas con el C5 para esa tarea. Además, indicó que habrá una plataforma digital donde registrarán las inhumaciones, cremaciones, los restos humanos cumplidos que se depositen en los memoriales, las re-inhumaciones y las exhumaciones; la plataforma operará a la par de los libros autorizados por la Consejería.
En materia de seguridad, explicó, se establecerá un control de los accesos de los registros de las personas visitantes, trabajadores y de los prestadores de servicios externos.
"Vamos a vigilar que las personas que accedan a los cementerios no cometan conductas delictivas o infracciones administrativas, esta es una tarea que tiene que realizarla la alcaldía y que, también, en las visitas de supervisión, el Instituto de Verificación Administrativa", añadió.
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El consejero detalló que aunado al reglamento, presentarán una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local, para incluir el tipo penal de distribución, comercialización y transporte ilegal de restos humanos.
Las penas propuestas para quien distribuya comercialice o transporte sin la autorización o permiso de la autoridad correspondiente personas fallecidas, partes o restos humanos áridos van de 5 a 10 años de prisión. Asimismo, se plantea imponer una pena de dos terceras partes cuando quien participe tenga la calidad de servidor público, empleado de cementerio o empleado de agencias funerarias. El castigo propuesto para quien exhume, oculte, destruya o sepulte personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley será de 2 a 8 años, actualmente es de 3 meses a 2 años.
"Estamos proponiendo que se penalice la comercialización, que se ha presentado comúnmente en algunas redes sociales o por medio de otros instrumentos de comercialización (...). Las vamos a agravar con una pena de dos a ocho años o, en el caso de la violación a los sepulcros, pasa de uno a cinco años, para quedar de tres a ochos años", dijo.
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