Sobre si se extiende el plazo para declarar o no alerta de género en la Ciudad de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) analizará la situación y tomará sus determinaciones el próximo mes.
El Instituto para las Mujeres de la Ciudad de México, ya entregó el pasado 3 de octubre su primer informe, y aunque la Conavin tiene seis meses analizando la situación, dieron como plazo hasta mediados de noviembre para que la directora del instituto, Teresa Incháustegui Romero entregue su último reporte.
Ante la solicitud de distintas organizaciones civiles de declarar alerta de género en la capital, el Inmujeres CdMx, recibió la recomendación de establecer una red de información en 900 ventanillas, en donde se da atención a mujeres víctimas de violencia, informó Incháustegui Romero.
“Nosotros los que estamos haciendo es brindar la información que dimos a la evaluación, acatar las recomendaciones. Hemos estado cumpliendo todas y cada una de ellas”, explicó.
Tan sólo en dos meses seis mil 500 mujeres llegan al instituto a solicitar apoyo por violencia ejercida contra ellas. Sin embargo, Romero declaró que la ciudad está lejos de lo que viven las mujeres en el Estado de México después de la detención de una pareja que presuntamente asesinó al menos 20.
Comentó que la mayor parte de los feminicidios que se producen en la ciudad son por una pareja, expareja, exmarido, novios, exnovios, y no por un desconocido.
“El asesino serial establecía relaciones para privarlas de la vida, y ese es un rasgo que acá tenemos, y justamente por eso estamos trabajando mucho para que las mujeres denuncien, y tengan el antecedente de haber solicitado un servicio por violencia, porque con eso direccionamos mucho mejor las investigaciones hacia los presuntos culpables”, exhortó.
INVESTIGAN SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se mantienen violando los derechos de las mujeres capitalinas que fueron privadas de su vida, esto, ante la falta de un buen proceso de investigación contra los feminicidios.
Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad inició de oficio la investigación, a la que se asignó el número de expediente CDHDF/IV/121/COY/17/ D2954 y su acumulado CDHDF/I/121/ CUAUH/17/D2967, y acreditó que la SSP, la PGJ y el TSJ, todos de la capital, en el ámbito de sus competencias, violaron el derecho al debido proceso de Araceli Osorio, madre de Lesvy Rivera, al incumplir su obligación de investigar el presunto feminicidio.
“Con la debida diligencia, bajo un enfoque de derechos humanos y utilizando como metodología, la perspectiva de género, indispensable en el presente caso en el que la existencia de indicios como la muerte violenta de una mujer en un lugar público permitían presumir un posible feminicidio; aunado a la violencia institucional en la que incurrieron al no cumplir con las obligaciones que tienen para con las víctimas”, se lee en la recomendación 01/2018.
Ante este panorama, ayer el jefe de gobierno, José Ramón Amieva informó que se impartieron cursos de sensibilización a dichos funcionarios para que tuvieran perspectiva de género y así evitar que la violencia crezca.
Reconoció que las leyes sin la aplicación de políticas públicas y normas secundarias no generan un impacto efectivo.
Comentó que el paso inicial es que el Ministerio Público y los jueces giren la aplicación de medidas precautorias; en segundo lugar es tener esa protección de acompañamiento a todas las víctimas.
Agregó que la violencia contra las mujeres es un problema global, por lo que es importante pensar y actuar para que en el primer momento que se se pueda presentar un antecedente de violencia o discriminación en contra de una mujer, el gobierno deba intervenir.