Una denuncia ciudadana alertó en 2009 de una construcción ilegal en el colegio Rébsamen, a partir de ahí se desató un ir y venir de documentos en los que se debatió si la estructura era segura o no.
Ayer, la delegación Tlalpan abrió los expedientes relativos la escuela ubicada en Rancho Tamboreo 11 y 19, en donde fallecieron 19 menores de edad y siete adultos. Uno de los últimos documentos expedidos se trata de una responsiva de Aviso de Visto Bueno de Seguridad firmado por el ingeniero arquitecto Juan Apolinar Torales Iniesta quien escribió:
"Bajo mi responsabilidad, hago constar que el inmueble descrito con el uso de suelo autorizado para escuela, cumple con lo dispuesto en el reglamento de construcciones para el Distrito Federal y demás normas aplicables...".
Los documentos se hicieron públicos al día siguiente de que el InfoDF le diera 10 días a la delegación para dar a conocer los
permisos de construcción del colegio Rébsamen, del Tec de Monterrey, de Plaza Galerías Coapa y de una tienda Walmart que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre pasado.
El edificio se construyó en 1983 y en 1990 se obtuvo el permiso de uso de suelo para escuela secundaria y la renovación del visto bueno de seguridad y operación otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), firmado por el DRO Octavio Rivera Ibelles.
Ese mismo año un vecino solicitó a la delegación que se verifique la posible construcción ilegal . El 13 julio de 2010 una Resolución Administrativa indicó: "Que no presenta documentación alguna que acredite la legalidad de la construcción".
En 2011 se emite una orden de clausura, García Villegas paga multa y se ordena re- tiro de sellos, pese a que no se eliminó el piso cuarto como se ordenó. Pero por tratarse de una escuela, la delegación ordenó una nueva visita en la que verificó que persisten las irregularidades, y el 10 de enero de 2014 nuevamente emitió la suspensión temporal y cinco meses después la clausura.
Sin embargo, la Seduvi emitió ese mismo año una Constancia de Seguridad Estructural, la cual fue rechazada por la autoridad delegacional con el argumento de que carecía de firma de un DRO y de evidencia de seguridad. Pese a ello, el DRO Torales firmó en 2017 la responsiva.